Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras haber analizado un estudio sobre la Europa rural y la Europa urbana, llevado a cabo por Eurostat, constata que “las zonas predominantemente rurales, que representan un cuarenta y cinco por ciento del territorio de la Unión Europea, siguen perdiendo habitantes”.
Según el estudio, que recoge los datos de 2015 a 2020, “la población en las zonas rurales va menguado en un promedio del 0,1 por ciento cada año en la Unión Europea, mientras que en España lo hace a un ritmo del 0,7 por ciento; en cambio, la población de las regiones predominantemente urbanas aumentó, por término medio, un 0,4 por ciento cada año en la Unión Europa y un 0,5 por ciento en España”.
Unión de Uniones se muestra muy preocupada con esta situación, ya que “las zonas rurales llevan demandando servicios públicos de calidad desde hace mucho tiempo, aquejadas por la falta de recursos para poder fijar población; si no nos llega internet, no hay suficientes consultorios médicos y en muchas ocasiones nuestros pueblos están mal comunicados con transporte público, ¿cómo vamos a hacer para evitar la despoblación?”.
Esta organización añade que “la agricultura y la ganadería juegan un importante papel en las zonas rurales para generar riqueza; es fundamental contar con organizaciones agrarias fuertes y apolíticas que defiendan a los productores para que puedan seguir haciendo su trabajo y dinamizando el medio rural”.
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ASAJA Huesca ha participado, de la mano de su vicepresidente, José María Orús, en la reunión sobre peste porcina africana que se ha celebrado en Barcelona, convocada por el Ministerio de Agricultura y el Gobierno de Cataluña. Ahí ha manifestado “la necesidad de reducir de manera urgente la población de jabalíes, principal vector de transmisión de la citada enfermedad”. Considera que “la proliferación descontrolada de fauna silvestre, especialmente jabalíes, supone un grave riesgo sanitario para el sector porcino”. ASAJA, tanto en Huesca como en el ámbito nacional, indica que “hace falta una mayor voluntad política, más medios y, sobre todo, una gobernanza interinstitucional ágil, contundente y decidida para hacer frente a situaciones complejas que afectan a distintas administraciones y que ponen en riesgo a uno de los sectores estratégicos de la economía agroalimentaria”.