La asamblea general de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha servido para evidenciar la oposición de este colectivo a la deriva verde que está tomando la Política Agraria Común (PAC) en Europa, deriva auspiciada sobre todo por el Parlamento Europeo.
Los representantes de Cooperativas en España, Ángel Villafranca, y en Europa, Ramón Armengol, han mostrado en el evento citado su preocupación por el perjuicio que pueden sufrir agricultores y ganaderos con los postulados medioambientalistas de la nueva PAC.
El cooperativismo no entiende la cantidad de requerimientos medioambientales sin haber estudiado su impacto económico en el sector agroalimentario europeo.
Lo medioambiental es precisamente lo que está en el centro del debate en la Unión Europea, y por ello no hubo acuerdo la semana pasada en los supertrílogos y en el Consejo de Ministros de Agricultura.
Los eco-esquemas son la manzana de la discordia entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros, pidiendo el primero que supongan hasta el 30 por ciento de las ayudas directas.
Ángel Villafranca ha detallado datos sobre cooperativas agroalimentarias españolas, un sector formado por 3.669 entidades, que asocian a más de un millón de personas y que generan más de 111.000 puestos de trabajo en el medio rural; la facturación en 2019 fue de 34.367 millones de euros, un 4,2 por ciento más que en 2018.
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El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica este viernes, 17 de abril de 2026, sendas convocatorias de ayudas para “el mantenimiento, mejora, equipamiento y modernización de establecimientos de multiservicio rural” y para “la adquisición e instalación de sistemas de videovigilancia en puntos de acceso a municipios o núcleos habitados, con vistas a mejorar la seguridad de los mismos”. El Gobierno de Aragón destina cuatrocientos mil euros a cada una de las dos convocatorias. Las subvenciones pueden alcanzar “hasta dieciocho mil euros para entidades locales que sean titulares de multiservicios creados desde el 1 de enero de 2025, y hasta diez mil en el caso de que estos sean anteriores a esa fecha”. Para la videovigilancia, las subvenciones pueden ir “desde mil quinientos hasta diez mil euros”.