Diario del Campo

Fundado en 2012 por Alberto Cebrián

jueves, 20 de enero de 2022

Diario del Campo

Fundado en 2012 por Alberto Cebrián

jueves, 20 de enero de 2022

Las organizaciones profesionales agrarias españolas se han pronunciado respecto al acuerdo alcanzado por los ministros de Agricultura de la Unión Europea en torno a la nueva Política Agraria Común (PAC). ASAJA no está conforme, porque se han introducido nuevos requisitos sin poner más dinero; UPA sí ve con buenos ojos el acuerdo, dado que puede ser beneficioso para la agricultura y ganadería familiar; y COAG (UAGA) considera que se aumentan las exigencias al agro mientras continúa la competencia desleal procedente de países terceros.

ASAJA: “ESTE ACUERDO POLÍTICO DE LA PAC NO ES EL QUE NOSOTROS DESEAMOS

ASAJA explica que no está de acuerdo con la nueva PAC porque se incluyen nuevos requisitos pero sin introducir más dinero. La idea de esta organización sobre la nueva Política Agraria Común “era otra, partiendo del desacuerdo con el recorte presupuestario asignado en el Marco Financiero Plurianual”.

Añade que “uno de los principales pactos es vincular un 20 por ciento de los pagos directos al cumplimiento de los ecoesquemas; aunque no serán obligatorios para los productores, en la práctica es como si lo fuesen porque, de lo contrario, sufrirán un recorte del 20 por ciento en los fondos”.

UPA: “ESPERAMOS QUE BENEFICIE A LA AGRICULTURA Y GANADERÍA FAMILIAR

UPA destaca que “el acuerdo europeo sobre la nueva PAC determina que el 60 por ciento de los pagos directos se destine a apoyar la renta de los agricultores y ganaderos, y un 20 por ciento a los nuevos ecoesquemas, que premiarán las prácticas más beneficiosas para el medio ambiente, y cuya concreción se hará dentro de cada Estado miembro”.

Esta organización recuerda que “lucha desde hace años para conseguir una PAC más justa y más social, que destine más ayudas a quienes más lo necesitan, a los más sostenibles, que más empleo generen y cuyas prácticas sean más beneficiosas para el medio ambiente y el territorio, y ése modelo es el de la agricultura y ganadería familiar”.

COAG (UAGA) PIDE UN AUMENTO DE LOS FONDOS DE RECONSTRUCCIÓN PARA EL SECTOR AGRARIO

Y reflexiona sobre las nuevas exigencias que se van a imponer a los agricultores y ganaderos: “Nos preocupa que, como en anteriores ocasiones, se trate de políticas de escaparate que acaben siendo financiadas por los profesionales agrarios al tiempo que se firman acuerdos de libre comercio con países terceros y son la puerta de entrada a importaciones que no cumplen con los estándares de calidad, seguridad alimentaria, respeto al medio ambiente y bienestar animal de la Unión Europea”.

22 de octubre de 2020

Otras noticias

COAG pide al ministro Alberto Garzón un apoyo sin fisuras a la ganadería profesional de pequeñas y medianas explotaciones

Representantes de COAG se han reunido con el ministro de Consumo, Alberto Garzón. En el encuentro le han solicitado un apoyo sin fisuras del Gobierno de España a la ganadería profesional de pequeñas y medianas explotaciones. Miguel Padilla, secretario general de COAG, señala que “éstas son la columna vertebral de nuestro sector y el modelo mayoritario en España y Europa; cerca de 365.000 pequeños y medianos ganaderos que generan desarrollo económico y social en nuestros pueblos y producen una carne de excelencia sobre la base de los más altos estándares del mundo en materia de calidad, sanidad, bienestar animal y respeto al medio ambiente”.

Los representantes de COAG han solicitado al ministro Alberto Garzón un plan de apoyo concreto a este modelo social de ganadería, que “potencie y proteja su desarrollo sostenible ante el inquietante proceso de uberización del campo y el aterrizaje de fondos de inversión especulativos”. Respecto a esto, Miguel Padilla ha dicho lo siguiente: “Estos modelos son insostenibles. Llegan, esquilman y se van. Como ejemplo, el proyecto de macrogranja de 23.000 vacas de leche que se quiere instalar en Noviercas (Soria). La producción anual estimada vendría a sustituir a 432 explotaciones familiares, destruiría 726 empleos en zonas rurales y generaría el doble de residuos orgánicos que toda la población de Castilla y León”.

18 de enero de 2022 |
Ir a Arriba