El grupo operativo GO PDApp echa a andar con la intención de reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario en el sector agrario. Se va a desarrollar hasta 2025 y cuenta con una ayuda de casi seiscientos mil euros. Incluye el diseño de un servicio de apoyo a las empresas para ayudarles a prevenir las pérdidas. Este servicio incluye el acompañamiento necesario para digitalizar su Plan de Prevención y Reducción de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario (PDA), que será obligatorio en el futuro, según se anuncia.
El GO PDApp está constituido por la Fundación Espigoladors como entidad representante, el Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente (CETENMA) como coordinador técnico, y el Centro Tecnológico EnergyLab, Oreka Circular Economy, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Kiwi Atlántico, Jimbofresh y Cooperativa Agrícola Conca de la Tordera. También participan como miembros colaboradores Galinsect, Trasdeza Natur, Es Im-Perfect Food, la Cooperativa Agrícola Levante Sur y Newen.
Desde este grupo operativo se dan algunas cifras. La FAO estima que el coste económico directo de pérdidas o productos desperdiciados a nivel mundial es de mil millones de euros por año en costes económicos, setecientos mil millones de euros en costes ambientales y novecientos mil millones de euros en costes sociales, para los mil trescientos millones de toneladas de alimentos desperdiciados en toda la cadena alimentaria. De estas cifras, el sector primario es el responsable de cerca del ocho por ciento. En Europa, los datos más recientes apuntan a que un veinte por ciento de los alimentos producidos se acaban desperdiciando.
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Las organizaciones agrarias ASAJA, UAGA-COAG y AEGA, así como la cooperativa SCLAS, rechazan los baremos de indemnización en Aragón por DNC
Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, UAGA-COAG y AEGA, así como la cooperativa SCLAS de Sobrarbe, rechazan los baremos de indemnización establecidos por el Gobierno de Aragón para los casos de dermatosis nodular contagiosa, que suponen el sacrificio de todos los animales de la explotación afectada. Los consideran insuficientes e injustos, y piden mejoras.
ASAJA
ASAJA Huesca denuncia que “las compensaciones establecidas por el Gobierno de Aragón para los casos de dermatosis nodular contagiosa no reflejan ni el valor real de los animales ni el esfuerzo realizado durante años para conservar y mejorar razas autóctonas, como la pirenaica, la parda de montaña y la serrana de Teruel”. Recuerda que “muchas de estas razas han atravesado momentos delicados e incluso han estado en riesgo de desaparición”, y que “ha sido precisamente el compromiso de los ganaderos el que ha permitido su continuidad y consolidación en el territorio”.
SCLAS DEL SOBRARBE
La Sociedad Cooperativa Limitada Agropecuaria Sobrarbe (SCLAS) muestra su “rechazo frontal a los baremos de indemnización publicados por el Gobierno de Aragón”. Considera que “las cuantías fijadas son claramente insuficientes y no hacen justicia ni al valor económico, ni al valor genético, ni al valor humano de las explotaciones afectadas”. Su presidente, José Ramón Olivar, señala que “no estamos hablando sólo de vacas, sino que estamos hablando de explotaciones familiares que llevaban décadas construyendo un proyecto ganadero, una selección genética y una forma de vida en el territorio”.
UAGA-COAG
UAGA-COAG manifiesta esperar “mejoras en la orden de indemnización por el sacrificio obligatorio de animales, vinculado a casos de dermatosis nodular contagiosa”. Pone ejemplos. Uno de ellos hace referencia a la indemnización por el lucro cesante. Señala que “el importe se ajusta a la situación real en el caso de los terneros pero es claramente insuficiente en el caso de las vacas nodrizas, tanto para explotaciones de leche como de carne”. Añade que “la capacidad productiva de la explotación afectada puede demorarse entre dos y cinco años”. Y recuerda “la importancia de que se cumpla con la mayor celeridad el plan de vacunación previsto”.
AEGA
AEGA denuncia que “las indemnizaciones establecidas son insuficientes” y expone que “no se trata únicamente de una crisis de costes, sino de una crisis de supervivencia para el campo aragonés”. Habla del lucro cesante, en el sentido de que “compensaciones únicamente por los terneros que hubieran nacido durante un año son claramente insuficientes, dado que una vaca de carne puede tener entre diez y doce partos a lo largo de su vida productiva”. Solicita “el cese inmediato de la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón, Aitziber Lanza”.













