El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, un real decreto que modifica la normativa nacional vigente sobre el potencial de producción vitícola, al objeto de adaptarla a las novedades introducidas en el sistema de autorizaciones de viñedo por la nueva Política Agraria Común (PAC). El Ministerio detalla los términos de la modificación:
“Esta adaptación introduce mejoras en el procedimiento de reparto de autorizaciones de nuevas plantaciones, entre otras cuestiones, mediante el ajuste del criterio de prioridad relativo a las pequeñas y medianas explotaciones. A partir de ahora se tendrá en cuenta sólo la superficie de viñedo de la explotación, en lugar de la superficie agraria total de la explotación.
Se modifican las puntuaciones de dicho criterio para priorizar a las solicitudes de medianas explotaciones vitícolas, con el objeto de favorecer a los proyectos con mayor viabilidad y perdurabilidad en el tiempo, que garanticen una mejor salida de su producción en el mercado.
La nueva legislación añade como excepción de la aplicación del sistema de autorizaciones de viñedo el establecimiento de colecciones de variedades de vid para la conservación de recursos genéticos. La comercialización de la producción de estas colecciones queda expresamente prohibida.
A partir de ahora, se permitirá la transferencia de autorizaciones en el caso de la disolución de una explotación de titularidad compartida. Y también queda prohibida la comercialización de la producción de una plantación de viñedo sin autorización hasta el momento de su arranque.
Además, fruto del proceso de actualización y mejora normativa se han introducido nuevas disposiciones y se actualiza la lista de variedades de uva de vinificación autorizadas.
Este real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, pero las modificaciones en el criterio de prioridad de pequeña y mediana explotación vitícola se aplicarán de forma retroactiva a las solicitudes de autorizaciones de nuevas plantaciones que se presenten entre el 15 de enero y el 28 de febrero de 2023”.
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Ramón Solanilla, secretario general de ASAJA Huesca y Aragón, se hace la pregunta siguiente: “¿Volvemos al feudalismo?”. Habla de “un cambio silencioso en el modelo económico, un cambio contra el autónomo”. Firma un artículo de opinión que titula “De la PYME al nuevo vasallaje rural”. Señala que “en el campo empieza a percibirse una realidad inquietante: cada vez hay menos espacio para el agricultor y ganadero autónomo, para el pequeño y mediano empresario; el sistema se está estructurando contra el autónomo, contra la explotación familiar, contra quien vive directamente de su trabajo”.
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Ramón Solanilla presenta la conclusión siguiente: “Lo que está en juego en este momento de la historia no es sólo un modelo productivo, sino un modelo de sociedad, dado que el sistema ya no protege al que trabaja, sino al que tiene capacidad de aguantar o de invertir; estamos ante una nueva lucha de clases, no entre ideologías, sino entre modelos: el de quienes viven de su trabajo y el de un sistema que cada vez favorece más a quienes tienen estructura, dimensión y capacidad financiera”.













