El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto-ley que contiene un conjunto de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente a la sequía. Las medidas aprobadas, que competen a seis ministerios distintos, se inscriben en los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidrológico; tienen como objetivo “contribuir al mantenimiento de la rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, en un contexto de dificultades acumuladas por la subida de los precios de insumos y materias primas”. El ministro de Agricultura, Luis Planas, señala que es un paquete de medidas cifrado en unos 450 millones de euros.
El Ministerio de Agricultura da los siguientes datos sobre la situación de sequía: “Desde el inicio del año hidrológico, en octubre de 2021, el valor medio nacional de las precipitaciones ha sido un 41,1 por ciento inferior al valor normal; y la reserva hidráulica nacional, a 15 de marzo, se sitúa en un 40,7 por ciento de la capacidad de embalse total, 12 puntos por debajo de la media de los últimos cinco años”. Añade que, “además, a lo largo del año 2021 las explotaciones agrarias tuvieron que afrontar un incremento de los constes de producción, debido al encarecimiento de los precios de las materias primas y de la energía”.
El detalle de las medidas se puede consultar en el enlace siguiente:
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Las comunidades de regantes piden “una política de Estado en materia de agua, que garantice la supervivencia del sector agrario”
La Federación de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) está celebrando esta semana en Ciudad Real su XVI Congreso Nacional. Pide “una política de Estado en materia de agua, que supere la visión cortoplacista y la confrontación partidista, y que garantice la supervivencia del sector agrario”. Señala que “la gestión del agua en un escenario de cambio climático es uno de los grandes desafíos estructurales, dada la realidad hídrica compleja de España”. FENACORE defiende, por ello, “impulsar un modelo basado en criterios científicos y con visión a largo plazo, así como adaptar las políticas europeas a las singularidades del territorio español”. Y añade: “El regadío debe ser abordado desde una perspectiva más estratégica, como un pilar esencial de la seguridad alimentaria, la cohesión territorial y la economía nacional”.