La recogida de la almendra se ha adelantado varias semanas por la climatología adversa que ha habido este año. Los agricultores están comprobando que los rendimientos son muy escasos. La reducción llega a ser en muchos casos de hasta un setenta por ciento respecto a 2022, cosecha que ya fue mala (un cuarenta y seis por ciento menor que la de 2021).
Ése es el análisis de situación que realiza UPA, que indica además que “a los malos rendimientos se suman los problemas de calidad provocados por las lluvias de mayo y junio, que contribuyeron a la proliferación de enfermedades fúngicas como la antracnosis, que disminuye la cantidad de fruto y el calibre de los mismos”.
UPA denuncia que, “a pesar de todo ello, los productores de almendras no perciben un precio justo, sino que son de ruina”. Indica que Estados Unidos está ejerciendo “una terrible competencia, pues exportan masivamente sus frutos secos a España, sin barreras ni aranceles, una situación que es aprovechada por las industrias transformadoras, que adquieren sin cortapisas el producto americano”.
La citada organización profesional agraria concluye que “la situación es dramática para miles de agricultores que se dedican a la producción de almendras en España”.
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Unión de Uniones alerta de “la pérdida de más de once mil empresas agrarias en España en los últimos cuatro años”
Unión de Uniones alerta de “la evolución negativa que se vive en el tejido rural español, con una pérdida de más de once mil empresas agrarias en los últimos cuatro años; es un cuatro por ciento sobre el total”. Señala que “esta tendencia es contraria a la del resto de sectores económicos, en los que crece tanto el número de firmas como el empleo”. Explica que “los datos reflejan claramente la crisis que atraviesa el sector agrario como consecuencia de unos precios que no llegan a compensar el encarecimiento de los costes productivos”. Habla de “crisis que han disparado los costes de los inputs, situaciones catastróficas sufridas en los últimos años, cadena alimentaria que no garantiza precios que compensen los gastos de las explotaciones y presión regulatoria cada vez más intensa”. Añade: “El problema está sobre todo en que, con estas perspectivas, no hay joven que se incorpore”.