El agro inició el año 2020 envuelto en una sucesión de movilizaciones, dada la situación que viven agricultores y ganaderos en España. Las protestas se encuadraron en la campaña “Agricultores al límite”. Todo ello quedó en stand by como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19.
La presentación del Anuario de la Agricultura Familiar 2020, editado por UPA y la Fundación de Estudios Rurales, ha servido para retomar las reivindicaciones del agro.
Sobre todo se habla de precios justos en origen. Y se indica que hay sectores, como el agroalimentario, que han demostrado su carácter esencial para la sociedad, más allá de su impacto en el Producto Interior Bruto del país.
A la presentación de este Anuario 2020 acudió el ministro de Agricultura, Luis Planas, el cual defendió la agricultura familiar. Habló de la nueva Política Agraria Común (PAC) y de la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Respecto a la primera dice que España va a defender en el Consejo Europeo una dotación presupuestaria suficiente.
Y respecto a la segunda incide en el objetivo de la misma: “Conseguir reequilibrar la cadena alimentaria, dotar de transparencia a la formación de precios y fortalecer el poder negociador de los productores”.
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Aragón destina ochocientos mil euros a ayudas para la mejora de multiservicios y la instalación de videovigilancia en el medio rural
El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica este viernes, 17 de abril de 2026, sendas convocatorias de ayudas para “el mantenimiento, mejora, equipamiento y modernización de establecimientos de multiservicio rural” y para “la adquisición e instalación de sistemas de videovigilancia en puntos de acceso a municipios o núcleos habitados, con vistas a mejorar la seguridad de los mismos”. El Gobierno de Aragón destina cuatrocientos mil euros a cada una de las dos convocatorias. Las subvenciones pueden alcanzar “hasta dieciocho mil euros para entidades locales que sean titulares de multiservicios creados desde el 1 de enero de 2025, y hasta diez mil en el caso de que estos sean anteriores a esa fecha”. Para la videovigilancia, las subvenciones pueden ir “desde mil quinientos hasta diez mil euros”.