El ministro de Consumo, Alberto Garzón, era entrevistado en La Sexta por la polémica desatada en torno a sus declaraciones sobre las macrogranjas. Dice que se mantiene firme en lo apuntado. Afirma que lo dicho en la entrevista realizada por The Guardian en diciembre fue impecable. Incide en que hay una ganadería extensiva que hay que defender, y que hay un modelo de macrogranjas con un fuerte impacto medioambiental. Denuncia que la polémica se ha generado por culpa de las presiones procedentes del sector de las macrogranjas, y deja caer que hay intereses electorales de la derecha por los comicios convocados en Castilla y León. El ministro cree que no debe hacer autocrítica porque en este caso no se ha equivocado, y considera que lo que dice está avalado por la ciencia.
Alberto Garzón dice no sentirse desautorizado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cuando dijo que lamentaba la polémica. Añade que lo dicho en The Guardian es la línea que debe seguir un gobierno progresista, y que coincide con la política de este gobierno, sin entrar en las formas que han adoptado algunos dirigentes socialistas. Apunta igualmente que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, está de acuerdo con lo dicho. Niega que esto sea una crisis para el gobierno de coalición, dado que es normal que haya diferentes opiniones y matices sobre una misma cuestión. Concluye que no ve peligrar su cargo de ministro, aunque eso no depende de él.
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UPA muestra su decepción al conocer el resultado de la votación habida en el Parlamento Europeo: ha aprobado el Sistema de Preferencias Generalizadas, que permitirá a sesenta y cinco países exportar, durante la próxima década, sus productos, excepto armas y municiones, con aranceles reducidos o nulos. La citada organización agraria dice que “esto ha caído como un jarro de agua fría sobre los productores de arroz españoles, que se ven afectados por importaciones masivas de países como Camboya y Myanmar (antes Birmania)”. UPA lamenta que “se hayan rechazado las pretensiones de los países productores europeos, como España, que exigían la aprobación de unas cláusulas de salvaguardia mucho más intensas, que sirvieran para proteger a los arroceros”.