El Gobierno de España ha aprobado, en Consejo de Ministros, un nuevo real decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, en el sentido de mejorar las condiciones de sanidad animal y medioambientales. Las principales novedades que recoge la norma se articulan en torno a esas dos grandes áreas:
– Reforzar los requisitos en materia de sanidad animal y bioseguridad de las granjas, con el fin de mantener un estatus sanitario adecuado en las mismas.
– Adoptar compromisos en materia de medio ambiente, relacionados con la protección del agua, el aire, los suelos y la lucha contra el cambio climático.
El Ministerio de Agricultura presenta la nueva normativa como “una profunda revisión de la vigente hasta la fecha para el sector avícola de carne, que databa del año 2005, y la incorporación a la misma del sector avícola de puesta, que hasta el momento no contaba con una norma de ordenación específica”.
La norma introduce la obligatoriedad de que las granjas dispongan de un plan de gestión de estiércoles (formará parte de un plan de gestión ambiental individualizado para cada granja), registro de emisiones de gases contaminantes y de las técnicas usadas para su reducción, un plan individual en materia de bienestar animal, la introducción de la figura del veterinario de explotación y contar con un sistema integral de gestión de la granja.
Otras noticias
Aragón incide en “la importancia del Instrumento Financiero de Gestión Centralizada para el apoyo de los jóvenes y para modernizar explotaciones”
Agricultura del Gobierno de Aragón incide en que “el Instrumento Financiero de Gestión Centralizada (IFGC-G) es una herramienta clave para facilitar el acceso al crédito de los jóvenes agricultores y para la modernización de explotaciones agrarias”. En sus primeros quince meses de funcionamiento, “esta herramienta ha recibido ciento cuatro solicitudes, siendo las inversiones más demandadas las que se centran en la adquisición de maquinaria agrícola, con importes medios cercanos a los doscientos mil euros; actuaciones en regadío, con préstamos próximos a los seiscientos mil euros; y la compra de tierras por parte de jóvenes agricultores”. También “se han concedido préstamos para capital circulante con importes medios superiores a los cuarenta mil euros”.












