El Gobierno de España ha aprobado, en Consejo de Ministros, un nuevo real decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, en el sentido de mejorar las condiciones de sanidad animal y medioambientales. Las principales novedades que recoge la norma se articulan en torno a esas dos grandes áreas:
– Reforzar los requisitos en materia de sanidad animal y bioseguridad de las granjas, con el fin de mantener un estatus sanitario adecuado en las mismas.
– Adoptar compromisos en materia de medio ambiente, relacionados con la protección del agua, el aire, los suelos y la lucha contra el cambio climático.
El Ministerio de Agricultura presenta la nueva normativa como “una profunda revisión de la vigente hasta la fecha para el sector avícola de carne, que databa del año 2005, y la incorporación a la misma del sector avícola de puesta, que hasta el momento no contaba con una norma de ordenación específica”.
La norma introduce la obligatoriedad de que las granjas dispongan de un plan de gestión de estiércoles (formará parte de un plan de gestión ambiental individualizado para cada granja), registro de emisiones de gases contaminantes y de las técnicas usadas para su reducción, un plan individual en materia de bienestar animal, la introducción de la figura del veterinario de explotación y contar con un sistema integral de gestión de la granja.
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Las comunidades de regantes piden “una política de Estado en materia de agua, que garantice la supervivencia del sector agrario”
La Federación de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) está celebrando esta semana en Ciudad Real su XVI Congreso Nacional. Pide “una política de Estado en materia de agua, que supere la visión cortoplacista y la confrontación partidista, y que garantice la supervivencia del sector agrario”. Señala que “la gestión del agua en un escenario de cambio climático es uno de los grandes desafíos estructurales, dada la realidad hídrica compleja de España”. FENACORE defiende, por ello, “impulsar un modelo basado en criterios científicos y con visión a largo plazo, así como adaptar las políticas europeas a las singularidades del territorio español”. Y añade: “El regadío debe ser abordado desde una perspectiva más estratégica, como un pilar esencial de la seguridad alimentaria, la cohesión territorial y la economía nacional”.