El Consejo de Ministros ha aprobado la norma de calidad del aceite de oliva y del orujo de oliva. Ha actualizado el real decreto de 1983, con el objetivo de “renovar la normativa y poner en valor el aceite de oliva”. El nuevo decreto recoge una serie de requisitos sobre trazabilidad, elaboración y envasado del producto final, que “permitirán situar al aceite de oliva español como el de mayor calidad del mundo y con las máximas garantías en todo el proceso de elaboración”.
La explicación que da el Ministerio de Agricultura sobre la nueva normativa es la siguiente:
“Con el fin de evitar confusiones entre los consumidores, los términos virgen y virgen extra, denominaciones para el puro zumo de aceituna, sólo se podrán utilizar para el aceite de oliva y no para otra grasa vegetal en el mercado español.
También se refuerza la prohibición de mezclar aceite de oliva con otros aceites.
A partir de ahora, queda prohibido que alimentos que llevan en su composición aceite de oliva puedan destacarlo en la denominación de venta (sí deberán hacerlo en la lista de ingredientes) con el fin de evitar engaños al consumidor.
Por ejemplo, los aliños o condimentos con base de aceite de oliva no podrán utilizar las menciones aceite de oliva u orujo de oliva en su denominación comercial.
Se prohíbe en España la práctica conocida como refrescado, que consiste en mezclar aceites de oliva vírgenes de la campaña en curso con otros de campañas precedentes a fin de mejorar las características organolépticas del producto más antiguo.
Por contra, afectaba a la durabilidad del aceite, que se acortaba frente a la de los aceites de las campañas en curso. Se trata de una práctica permitida en la normativa anterior, de hace casi 40 años.
El sector demandaba esta actualización normativa en aras de una leal competencia entre todos los operadores.
A partir de ahora, el sector oleícola contará con un plan nacional específico de control de trazabilidad, coordinado por el Ministerio de Agricultura y gestionado por las autoridades competentes de las comunidades autónomas.
Se trata de un refuerzo del control oficial en todo el sector que revertirá en más garantías para el consumidor.
La búsqueda de la máxima transparencia también se va a reforzar con la publicación de informes de resultados de los controles de conformidad y de trazabilidad del producto.
El acceso de los consumidores a estos informes es otro elemento para trasladarles la máxima seguridad sobre los productos que consumen.
Por primera vez, se obliga a llevar un sistema de trazabilidad estandarizado, muy exigente, que redundará en mayores garantías para el consumidor.
Además, se obliga a que los movimientos de aceite vayan amparados por documentos de acompañamiento, herramienta indispensable para un mayor control.
Así, los movimientos de aceites a granel deberán ir acompañados de un boletín de análisis que garantice que la categoría declarada es la que dice ser.
Este sistema de control, que no existe en ningún otro país del mundo, coloca a España en cabeza de las exigencias de calidad del aceite de oliva.
El Ministerio de Agricultura pondrá a disposición del sector y autoridades de control un sistema informático para realizar la notificación previa y obligatoria de cualquier movimiento que afecte al producto.
Para promover la imagen del aceite de oliva virgen extra (AOVE), se elaborará un código de buenas prácticas de adhesión voluntaria, consensuado entre el Ministerio de Agricultura y el de Consumo, así como con las asociaciones representativas del sector productor, de la industria, de la distribución y de los consumidores.
El objetivo es mejorar la percepción por parte de los consumidores del aceite de oliva virgen y reforzar la calidad de la categoría virgen extra.
De esta forma, el código incluirá medidas concretas como la mejora del envasado y la presentación del AOVE, de tal forma que el consumidor identifique que está comprando un producto de calidad extraordinaria.
Se recuerda que los envases dispuestos con aceite de oliva virgen extra para los consumidores finales en los restaurantes y colectividades deben ser irrellenables, con el objetivo de evitar prácticas fraudulentas”.
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