Sigue adelante la tramitación de la futura Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio de Aragón. Asociaciones y entidades representativas del agro aragonés han denunciado el que consideran “exceso de burocracia” en las audiencias legislativas. Javier Folch, director de ASAJA Aragón, indica que “no simplificamos, sino que complicamos cada día más la vida de los agricultores y ganaderos”. De la misma opinión es Jorge Valero, presidente de ARAGA, el cual dice que, “si se quiere ayudar a la agricultura, se tiene que reducir la burocracia”.
José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón, incide en la “defensa de un modelo de agricultura familiar implicada en el territorio, que invierte y trabaja en él; tenemos que parar el modelo de agricultura más corporativizada y que depende de la integración”.
En estas audiencias legislativas han participado Javier Folch y Ángel Samper, director y secretario general de ASAJA Aragón; Jorge Valero, presidente de ARAGA; David Solano, miembro de la comisión ejecutiva de UAGA; José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón; César Trillo, presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro (FEREBRO); Carolina Llaquet, de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales; Cristina Yunta Bernal, de Comarca Km0; Vanesa Girón y Pilar Fumanal, de la Asociación Porc-Libre (de Porcicultores Libres del Pirineo Aragonés); y José Luis Lavilla, de la Asociación de Productores de Porcino (ASOPECO).
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La Conferencia Sectorial de Agricultura, celebrada esta semana pasada, acordó conceder a Aragón casi veinticinco millones y medio de euros (de un montante global para toda España de doscientos veintiséis millones). En el caso concreto de Aragón, casi veinticuatro millones de euros se orientan a proyectos de desarrollo rural y el resto del dinero va destinado a programas agrícolas y ganaderos, y a la promoción del consumo de frutas, hortalizas y leche entre los escolares: el fomento de la apicultura recibe en torno a ciento ochenta y siete mil euros; la calidad de las variedades vegetales y certificación de materiales de reproducción, doscientos cinco mil; el fomento de las razas autóctonas, ciento cincuenta mil; el control del rendimiento lechero, treinta mil; y los programas escolares de frutas y hortalizas, y de leche, algo más de un millón de euros.