Sigue adelante la tramitación de la futura Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio de Aragón. Asociaciones y entidades representativas del agro aragonés han denunciado el que consideran “exceso de burocracia” en las audiencias legislativas. Javier Folch, director de ASAJA Aragón, indica que “no simplificamos, sino que complicamos cada día más la vida de los agricultores y ganaderos”. De la misma opinión es Jorge Valero, presidente de ARAGA, el cual dice que, “si se quiere ayudar a la agricultura, se tiene que reducir la burocracia”.
José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón, incide en la “defensa de un modelo de agricultura familiar implicada en el territorio, que invierte y trabaja en él; tenemos que parar el modelo de agricultura más corporativizada y que depende de la integración”.
En estas audiencias legislativas han participado Javier Folch y Ángel Samper, director y secretario general de ASAJA Aragón; Jorge Valero, presidente de ARAGA; David Solano, miembro de la comisión ejecutiva de UAGA; José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón; César Trillo, presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro (FEREBRO); Carolina Llaquet, de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales; Cristina Yunta Bernal, de Comarca Km0; Vanesa Girón y Pilar Fumanal, de la Asociación Porc-Libre (de Porcicultores Libres del Pirineo Aragonés); y José Luis Lavilla, de la Asociación de Productores de Porcino (ASOPECO).
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Unión de Uniones alerta de “la evolución negativa que se vive en el tejido rural español, con una pérdida de más de once mil empresas agrarias en los últimos cuatro años; es un cuatro por ciento sobre el total”. Señala que “esta tendencia es contraria a la del resto de sectores económicos, en los que crece tanto el número de firmas como el empleo”. Explica que “los datos reflejan claramente la crisis que atraviesa el sector agrario como consecuencia de unos precios que no llegan a compensar el encarecimiento de los costes productivos”. Habla de “crisis que han disparado los costes de los inputs, situaciones catastróficas sufridas en los últimos años, cadena alimentaria que no garantiza precios que compensen los gastos de las explotaciones y presión regulatoria cada vez más intensa”. Añade: “El problema está sobre todo en que, con estas perspectivas, no hay joven que se incorpore”.