Toledo ha acogido jueves y viernes el octavo congreso de Cooperativas Agro-alimentarias de España, bajo el lema “Cooperativas, juntos hacia un futuro sostenible”. Allí se ha apelado al espíritu cooperativo para superar las dificultades y afrontar los retos actuales y futuros. El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, ha invitado a “colaborar y cooperar entre todos con el espíritu cooperativo que nos caracteriza, teniendo siempre como referente a las personas; tenemos que trasladar este espíritu cooperativo a toda la sociedad en un momento tan complicado como el actual, porque nos necesitan los consumidores europeos”. El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha agradecido a agricultores, ganaderos y cooperativas “el haber seguido trabajando cuando el mundo se paró”. Ha resaltado que “la política comunitaria seguirá apoyando con incentivos a las cooperativas, porque son claves para la sostenibilidad social, económica y medioambiental; el espíritu cooperativo de apoyo mutuo y solidaridad es ahora más importante que nunca”. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha recalcado “la vertiente social de las empresas cooperativas, con más de 1,2 millones de socios; además, suponen el sesenta y cinco por ciento de la producción final agraria, y el veintiséis por ciento de las ventas de la industria alimentaria española”. Y ha concluido diciendo: “Ahí estáis las cooperativas los trescientos sesenta y cinco días del año alimentando a toda la población”.
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UPA muestra su decepción al conocer el resultado de la votación habida en el Parlamento Europeo: ha aprobado el Sistema de Preferencias Generalizadas, que permitirá a sesenta y cinco países exportar, durante la próxima década, sus productos, excepto armas y municiones, con aranceles reducidos o nulos. La citada organización agraria dice que “esto ha caído como un jarro de agua fría sobre los productores de arroz españoles, que se ven afectados por importaciones masivas de países como Camboya y Myanmar (antes Birmania)”. UPA lamenta que “se hayan rechazado las pretensiones de los países productores europeos, como España, que exigían la aprobación de unas cláusulas de salvaguardia mucho más intensas, que sirvieran para proteger a los arroceros”.