COAG, coordinadora a la que pertenece la aragonesa UAGA, apunta que “el campo español se enfrenta a una nueva plaga: la expansión descontrolada del avispón oriental (Vespa orientalis), una especie exótica invasora que devora colonias de abejas y que amenaza la biodiversidad, la economía del sector apícola e, incluso, la seguridad de la población del medio rural”.
Pedro Loscertales, apicultor de Los Monegros y representante de COAG, indica que “el avispón oriental se expande sin control y, mientras, el sector apícola espera respuestas; por ello, reclamamos al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la convocatoria urgente de una reunión para elaborar una estrategia estatal de gestión, control y erradicación de esta especie”.
COAG detalla la cronología de acontecimientos:
– “En marzo de 2022 apenas se había detectado la Vespa orientalis en Valencia, Cádiz y Málaga. Aun así, iniciamos las primeras gestiones con el Ministerio para la Transición Ecológica”.
– “Solicitamos en junio de ese año su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, algo que tardó en oficializarse tres años”.
– “Durante ese tiempo, el avispón se ha expandido a Cataluña, Madrid, Región de Murcia y otras provincias, y su impacto en las explotaciones apícolas no ha dejado de crecer”.
La Vespa orientalis genera un triple impacto: “Pérdidas directas para apicultores, cuyas explotaciones quedan indefensas ante la presión predadora; afectación a municipios donde construyen sus nidos, poniendo en riesgo a la población; y amenaza para la biodiversidad de los ecosistemas, al modificar el hábitat”.
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Las comunidades autónomas españolas reclaman “una política hídrica estable, nuevas inversiones en infraestructuras y mayor respaldo institucional al regadío”
Representantes institucionales de seis comunidades autónomas españolas (Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, y Castilla y León) participaron en el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, celebrado en recientes fechas en Ciudad Real. Ahí reclamaron “una política hídrica estable, nuevas inversiones en infraestructuras y un mayor respaldo institucional para garantizar el futuro del regadío”.
Defendieron “el carácter estratégico del regadío para garantizar la producción de alimentos, sostener la economía rural y fijar población en numerosas zonas agrícolas españolas”. Uno de los asuntos que centró el debate fue “la necesidad de reforzar las inversiones en modernización y eficiencia hídrica”. Los participantes destacaron “el esfuerzo que están realizando las comunidades de regantes para incorporar tecnologías de precisión, sistemas de telecontrol y herramientas digitales, con el fin de optimizar el uso del agua y de reducir consumos energéticos”.











