El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicará el 12 de enero, jueves, una convocatoria de subvenciones destinadas a mejorar la competitividad del sector vitivinícola aragonés. Las ayudas están financiadas con fondos comunitarios, en el marco de la Política Agraria Común (PAC). La consignación presupuestaria prevista para este 2023 es de dos millones de euros. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 13 de enero y se prolongará hasta el 1 de marzo de 2023.
El objetivo de la convocatoria es “mejorar el rendimiento global de las empresas del sector vitivinícola y su adaptación a las demandas del mercado, aumentando su competitividad”. Tendrán consideración de gastos subvencionables los siguientes:
– Construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles.
– Compra de nueva maquinaria y equipos hasta el valor de mercado del producto. Dentro de estos gastos quedan incluidas las inversiones en activos materiales consistentes en sistemas que generen energía.
– Gastos administrativos vinculados a arquitectura, ingeniería y asesoría, así como estudios de viabilidad, de acuerdo con el límite establecido del cuatro por ciento de los costes subvencionables totales de una operación.
– Adquisición o desarrollo de soportes lógicos de ordenador y adquisición de patentes, licencias, derechos de autor y el registro de marcas colectivas.
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Las comunidades de regantes piden “una política de Estado en materia de agua, que garantice la supervivencia del sector agrario”
La Federación de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) está celebrando esta semana en Ciudad Real su XVI Congreso Nacional. Pide “una política de Estado en materia de agua, que supere la visión cortoplacista y la confrontación partidista, y que garantice la supervivencia del sector agrario”. Señala que “la gestión del agua en un escenario de cambio climático es uno de los grandes desafíos estructurales, dada la realidad hídrica compleja de España”. FENACORE defiende, por ello, “impulsar un modelo basado en criterios científicos y con visión a largo plazo, así como adaptar las políticas europeas a las singularidades del territorio español”. Y añade: “El regadío debe ser abordado desde una perspectiva más estratégica, como un pilar esencial de la seguridad alimentaria, la cohesión territorial y la economía nacional”.