El Gobierno de Aragón, con su presidente Javier Lambán a la cabeza, se ha reunido con los regantes del Jalón para abordar el problema que se ha generado con la sentencia judicial contraria al embalse de Mularroya, en la provincia de Zaragoza.
El Ejecutivo aragonés pide al Ministerio para la Transición Ecológica que presente recurso de casación ante el Tribunal Supremo, con el fin de que se concluyan las obras de construcción de este embalse.
Javier Lambán ha estado acompañado por el consejero de Agricultura, Joaquín Olona. Han recibido en el Edificio Pignatelli al presidente y al secretario de la Junta Central de Usuarios del Río Jalón, Jesús Ángel Lamuela y Ángel Goñi.
Joaquín Olona ha afirmado que “adoptaremos todas las acciones políticas e institucionales necesarias para garantizar la continuidad de las obras del embalse de Mularroya hasta su completa finalización”.
Ha anunciado igualmente que se ha acordado con el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, solicitar a la ministra Teresa Ribera la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua.
Joaquín Olona argumenta que “en una geografía como la aragonesa, con un clima árido, sin regulación hidráulica no cabe hablar de agricultura”; considera esenciales las obras de Mularroya para la agricultura familiar, el regadío y la lucha contra la despoblación.
Otras noticias
Los ayuntamientos del Alto Aragón recibirán de la Diputación de Huesca una partida extra de un millón y medio de euros para el pago de sus costes de energía
La Diputación Provincial de Huesca va a aprobar, con carácter extraordinario, un incremento de las ayudas a los ayuntamientos para que estos puedan hacer frente al aumento de los costes energéticos derivados de la guerra de Irán. Habla de un millón y medio de euros, en virtud del nuevo Plan Provincial de Concertación Económica Municipal para Suministros Energéticos y su Mantenimiento Correctivo. Éste pasa en 2026 de dos millones y medio de euros a cuatro millones. La Diputación de Huesca alude a “la delicada situación económica y financiera de los ayuntamientos, agravada por el incremento de los precios de la energía”. Dice que “esto aconseja la adopción de medidas extraordinarias para ayudar a los municipios, colaborando en la financiación de su gasto corriente”.