El Gobierno de Aragón, con su presidente Javier Lambán a la cabeza, se ha reunido con los regantes del Jalón para abordar el problema que se ha generado con la sentencia judicial contraria al embalse de Mularroya, en la provincia de Zaragoza.
El Ejecutivo aragonés pide al Ministerio para la Transición Ecológica que presente recurso de casación ante el Tribunal Supremo, con el fin de que se concluyan las obras de construcción de este embalse.
Javier Lambán ha estado acompañado por el consejero de Agricultura, Joaquín Olona. Han recibido en el Edificio Pignatelli al presidente y al secretario de la Junta Central de Usuarios del Río Jalón, Jesús Ángel Lamuela y Ángel Goñi.
Joaquín Olona ha afirmado que “adoptaremos todas las acciones políticas e institucionales necesarias para garantizar la continuidad de las obras del embalse de Mularroya hasta su completa finalización”.
Ha anunciado igualmente que se ha acordado con el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, solicitar a la ministra Teresa Ribera la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua.
Joaquín Olona argumenta que “en una geografía como la aragonesa, con un clima árido, sin regulación hidráulica no cabe hablar de agricultura”; considera esenciales las obras de Mularroya para la agricultura familiar, el regadío y la lucha contra la despoblación.
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El Gobierno de Aragón señala que la Ley de Agricultura Familiar inicia el camino para su derogación
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón señala que la Ley de Agricultura Social y Familiar inicia el camino para su derogación, argumentada ésta en que “no partió del necesario consenso social y sectorial, y fue intensamente contestada por las organizaciones agrarias, comunidades de regantes y otros agentes del sector a los que iba dirigida”. El Gobierno de Aragón añade que está trabajando en “la revisión, para este primer semestre de 2024, de los artículos más conflictivos, con la finalidad de introducir los cambios sustanciales que demandan nuestros agricultores y ganaderos”. El consejero Ángel Samper incide en que “es una ley que no contó con el aval de la mayoría del sector”.