El plazo de presentación de solicitudes de las ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector agroalimentario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se iniciaba este pasado 23 de enero, lunes. Finalizará el 28 de febrero, martes. Estas ayudas corresponden al anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 29 de diciembre pasado.
El montante de las ayudas para este 2023 se sitúa en quinientos diez millones de euros. Trescientos diez millones es el presupuesto para ayudas en forma de subvención y doscientos millones en forma de préstamos, con la posibilidad de incrementarse en doscientos millones adicionales. El objetivo es el “fortalecimiento industrial”.
Podrán acogerse a las ayudas establecidas “las agrupaciones sin personalidad jurídica propia que hayan establecido, antes de la presentación de la solicitud, un acuerdo interno que regule el funcionamiento de la misma, y que cumpla los requisitos establecidos en la orden”.
Estas agrupaciones deberán estar conformadas por un mínimo de cuatro entidades y un máximo de sesenta entidades. Sólo podrán formar parte de las mismas las sociedades mercantiles privadas, sociedades cooperativas y sociedades agrarias de transformación.
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Ramón Solanilla, secretario general de ASAJA Huesca y Aragón, firma el artículo “De la PYME al nuevo vasallaje rural”, en el que alerta sobre el nuevo feudalismo
Ramón Solanilla, secretario general de ASAJA Huesca y Aragón, se hace la pregunta siguiente: “¿Volvemos al feudalismo?”. Habla de “un cambio silencioso en el modelo económico, un cambio contra el autónomo”. Firma un artículo de opinión que titula “De la PYME al nuevo vasallaje rural”. Señala que “en el campo empieza a percibirse una realidad inquietante: cada vez hay menos espacio para el agricultor y ganadero autónomo, para el pequeño y mediano empresario; el sistema se está estructurando contra el autónomo, contra la explotación familiar, contra quien vive directamente de su trabajo”.
El responsable de ASAJA en Huesca y Aragón explica que “la tendencia en el campo es clara: todos los años desaparecen miles de explotaciones agrarias, PYMES familiares; en las últimas décadas, España ha perdido más del cincuenta por ciento de sus explotaciones agrarias, mientras aumenta el tamaño medio de las restantes”. Y añade: “Hoy el agricultor o ganadero abandona porque la normativa es cada vez más compleja, la burocracia más asfixiante, los costes más elevados y la rentabilidad más baja; a esto se suma un cambio silencioso pero decisivo: la tierra se ha convertido también en un activo de inversión”.
Ramón Solanilla presenta la conclusión siguiente: “Lo que está en juego en este momento de la historia no es sólo un modelo productivo, sino un modelo de sociedad, dado que el sistema ya no protege al que trabaja, sino al que tiene capacidad de aguantar o de invertir; estamos ante una nueva lucha de clases, no entre ideologías, sino entre modelos: el de quienes viven de su trabajo y el de un sistema que cada vez favorece más a quienes tienen estructura, dimensión y capacidad financiera”.