El plazo de presentación de solicitudes de las ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector agroalimentario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se iniciaba este pasado 23 de enero, lunes. Finalizará el 28 de febrero, martes. Estas ayudas corresponden al anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 29 de diciembre pasado.
El montante de las ayudas para este 2023 se sitúa en quinientos diez millones de euros. Trescientos diez millones es el presupuesto para ayudas en forma de subvención y doscientos millones en forma de préstamos, con la posibilidad de incrementarse en doscientos millones adicionales. El objetivo es el “fortalecimiento industrial”.
Podrán acogerse a las ayudas establecidas “las agrupaciones sin personalidad jurídica propia que hayan establecido, antes de la presentación de la solicitud, un acuerdo interno que regule el funcionamiento de la misma, y que cumpla los requisitos establecidos en la orden”.
Estas agrupaciones deberán estar conformadas por un mínimo de cuatro entidades y un máximo de sesenta entidades. Sólo podrán formar parte de las mismas las sociedades mercantiles privadas, sociedades cooperativas y sociedades agrarias de transformación.
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Las comunidades de regantes piden “una política de Estado en materia de agua, que garantice la supervivencia del sector agrario”
La Federación de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) está celebrando esta semana en Ciudad Real su XVI Congreso Nacional. Pide “una política de Estado en materia de agua, que supere la visión cortoplacista y la confrontación partidista, y que garantice la supervivencia del sector agrario”. Señala que “la gestión del agua en un escenario de cambio climático es uno de los grandes desafíos estructurales, dada la realidad hídrica compleja de España”. FENACORE defiende, por ello, “impulsar un modelo basado en criterios científicos y con visión a largo plazo, así como adaptar las políticas europeas a las singularidades del territorio español”. Y añade: “El regadío debe ser abordado desde una perspectiva más estratégica, como un pilar esencial de la seguridad alimentaria, la cohesión territorial y la economía nacional”.