El XIII Congreso Mundial del Jamón se celebra en Granada de martes a jueves (días 28, 29 y 30 de abril de 2026). En la primera jornada de esta cita se incidió en la importancia de que “la innovación y la sostenibilidad marquen la hoja de ruta de este sector para asegurar que continúa siendo competitivo en los mercados exteriores”.
El profesor Carlos Buxadé analizó el papel del sector porcino en el actual tablero geopolítico y alertó de que, “a pesar de preverse un crecimiento de la demanda de carne del cincuenta por ciento para 2050, debe acometerse una reestructuración inmediata, basada en la digitalización y en la reducción de emisiones”.
Julio Tapiador, del Instituto Internacional del Jamón (Interham), y Davide Calderone, de la Asociación Industrial de Carne y Embutidos de Italia (Assica), abordaron el impacto de la fiebre porcina africana, señalando que “en países como Italia ha provocado pérdidas de hasta veinte millones de euros al mes en exportaciones”. Se incidió en “la necesidad de reforzar el reconocimiento internacional de la seguridad de los productos curados”.
Pere Gou, del IRTA de Cataluña, centró su intervención en “la transformación del proceso de secado del jamón mediante inteligencia artificial, una tecnología que permite optimizar en tiempo real variables como la temperatura o la humedad, mejorar la calidad del producto y avanzar hacia modelos de producción más eficientes y sostenibles”.
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UPA muestra su decepción al conocer el resultado de la votación habida en el Parlamento Europeo: ha aprobado el Sistema de Preferencias Generalizadas, que permitirá a sesenta y cinco países exportar, durante la próxima década, sus productos, excepto armas y municiones, con aranceles reducidos o nulos. La citada organización agraria dice que “esto ha caído como un jarro de agua fría sobre los productores de arroz españoles, que se ven afectados por importaciones masivas de países como Camboya y Myanmar (antes Birmania)”. UPA lamenta que “se hayan rechazado las pretensiones de los países productores europeos, como España, que exigían la aprobación de unas cláusulas de salvaguardia mucho más intensas, que sirvieran para proteger a los arroceros”.