UAGA-COAG ha celebrado una reunión con ganaderos del Sobrarbe. Ha tenido lugar en Aínsa (Huesca) este lunes, 2 de marzo de 2026. El objetivo ha sido el de analizar la situación que se vive tras el positivo en dermatosis nodular contagiosa en una explotación ganadera bovina del término municipal de Fiscal.
La citada organización profesional agraria pide al Gobierno de Aragón “compromiso y celeridad en la aprobación de indemnizaciones dirigidas a indemnizar a los ganaderos que se vean afectados”.
Señala que, “además del dinero por cabeza de vacuno sacrificada, la administración autonómica debe abonar al ganadero el lucro cesante, es decir, las ganancias que deja de obtener como consecuencia del vaciado de su explotación”.
UAGA-COAG explica que “la detección de dermatosis nodular contagiosa en una explotación de vacuno implica el sacrificio de todas las reses de la granja (vacas y terneros), lo que supone un mazazo durísimo para cualquier ganadero profesional, que ve de la noche a la mañana cómo su única o principal fuente de ingresos es eliminada”.
Y pone el ejemplo del Gobierno de Cataluña, que “el 17 de diciembre de 2025 publicó una orden con los baremos de indemnización por el sacrificio obligatorio de animales frente a la dermatosis nodular contagiosa, yendo desde algo más de trescientos hasta cuatro mil doscientos euros”.
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Aragón destina ochocientos mil euros a ayudas para la mejora de multiservicios y la instalación de videovigilancia en el medio rural
El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica este viernes, 17 de abril de 2026, sendas convocatorias de ayudas para “el mantenimiento, mejora, equipamiento y modernización de establecimientos de multiservicio rural” y para “la adquisición e instalación de sistemas de videovigilancia en puntos de acceso a municipios o núcleos habitados, con vistas a mejorar la seguridad de los mismos”. El Gobierno de Aragón destina cuatrocientos mil euros a cada una de las dos convocatorias. Las subvenciones pueden alcanzar “hasta dieciocho mil euros para entidades locales que sean titulares de multiservicios creados desde el 1 de enero de 2025, y hasta diez mil en el caso de que estos sean anteriores a esa fecha”. Para la videovigilancia, las subvenciones pueden ir “desde mil quinientos hasta diez mil euros”.