Es una solicitud que se realiza tras los últimos ataques sufridos por ovejas en el Bajo Aragón. Oviaragón-Grupo Pastores señala que “esta medida evitaría el sufrimiento de los ganaderos y de sus ovejas, atacadas por una especie que no está implantada en nuestro territorio y que es incompatible con la subsistencia de los rebaños de ganadería extensiva, que tan importante papel desempeñan en el medio y que tantas dificultades tienen para su continuidad”.
Oviaragón-Grupo Pastores argumenta que “las medidas que se han aplicado y que se pueden aplicar por parte de las explotaciones afectadas, medidas preventivas o de protección del ganado (vallados, vigilancia, encierro en las parideras, mastines,…) van a resultar ineficaces puesto que cambian la naturaleza de la gestión de los rebaños, comprometiendo gravemente la continuidad de los mismos”.
Apunta también que “la extracción de estos animales en ningún caso afecta negativamente al estado de conservación de la especie”.
Y añade que “existen perjuicios importantes para el ganado en las explotaciones afectadas, como bajas por muerte y pérdidas indirectas (sacrificios de animales heridos, disminución de la producción, costes extras de la alimentación y el manejo,…), que deben ser atendidas y compensadas por parte de nuestra administración autonómica de forma rápida y en su totalidad”.
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El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica este viernes, 17 de abril de 2026, sendas convocatorias de ayudas para “el mantenimiento, mejora, equipamiento y modernización de establecimientos de multiservicio rural” y para “la adquisición e instalación de sistemas de videovigilancia en puntos de acceso a municipios o núcleos habitados, con vistas a mejorar la seguridad de los mismos”. El Gobierno de Aragón destina cuatrocientos mil euros a cada una de las dos convocatorias. Las subvenciones pueden alcanzar “hasta dieciocho mil euros para entidades locales que sean titulares de multiservicios creados desde el 1 de enero de 2025, y hasta diez mil en el caso de que estos sean anteriores a esa fecha”. Para la videovigilancia, las subvenciones pueden ir “desde mil quinientos hasta diez mil euros”.