La Toscana trufera (Italia) ha acogido la ceremonia de creación de la Asociación de Truficultores Europeos (ATE), fruto de la unión de las federaciones nacionales de España, Italia y Francia. Los máximos responsables de éstas (Daniel Brito García-Mascaraque, Gianfranco Berni y Alain Ambialet) han firmado el acta fundacional.
La nueva entidad se registrará en Francia y tendrá su sede administrativa en la Agrupación Europea de Cooperación Territorial “European Mycological Institute (EMI)”.
El objetivo de la Asociación de Truficultores Europeos es “promover proyectos comunes, reforzar el diálogo con las instituciones europeas y fomentar el desarrollo sostenible de la truficultura”.
El Instituto Micológico Europeo (EMI) ayudará a la ATE, aportando “apoyo científico y técnico para la dinamización de iniciativas y proyectos internacionales de interés común para el desarrollo del sector, así como para la coordinación estratégica entre los países miembros y la Comisión Europea”.
La reunión de creación ha contado con la presencia del citado instituto, representado por Fernando Martínez Peña, investigador del INIA-CSIC; y de Paloma Lorente, técnico de la Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa de la Provincia de Teruel (ATRUTER).
Otras noticias
UPA se siente “defraudada” y dice: “Europa desperdicia la ocasión de proteger su arroz frente a importaciones masivas de Camboya y Myanmar”
UPA muestra su decepción al conocer el resultado de la votación habida en el Parlamento Europeo: ha aprobado el Sistema de Preferencias Generalizadas, que permitirá a sesenta y cinco países exportar, durante la próxima década, sus productos, excepto armas y municiones, con aranceles reducidos o nulos. La citada organización agraria dice que “esto ha caído como un jarro de agua fría sobre los productores de arroz españoles, que se ven afectados por importaciones masivas de países como Camboya y Myanmar (antes Birmania)”. UPA lamenta que “se hayan rechazado las pretensiones de los países productores europeos, como España, que exigían la aprobación de unas cláusulas de salvaguardia mucho más intensas, que sirvieran para proteger a los arroceros”.