Solicitud realizada en un encuentro celebrado en Madrid días atrás, bajo la organización de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV). Desde este colectivo se indica que “la Unión Europea debe seguir teniendo una política vitivinícola fuerte y específica, que ha sido la garante de que el sector del vino europeo, con las denominaciones de origen como motor, haya sido hasta el momento una historia de éxito”. Es lo que se apunta “ante el riesgo de debilitamiento de la política vitivinícola como consecuencia de varias reformas que quiere aprobar la Comisión Europea”. Las tres reformas europeas y la opinión de las denominaciones de origen al respecto son las siguientes:
REGULACIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS
“La reforma de la regulación de las indicaciones geográficas debe servir para mejorar la actual regulación sobre la Organización Común de los Mercados Agrarios y no para multiplicar normas, con la creación, como pretende la Comisión Europea, de un nuevo reglamento de base sobre indicaciones geográficas. Es preciso que no se deleguen a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) funciones y responsabilidades en materia de procedimientos relativos a las indicaciones geográficas y a los pliegos de condiciones; las denominaciones de origen pueden jugar su papel como palanca de cambio en materia de sostenibilidad medioambiental, económica y social”.
ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
“Es necesario respetar las actuales disposiciones vigentes que sobre etiquetado nutricional y de ingredientes recoge la OCM para el sector del vino, aprobadas con la reciente reforma de la PAC, defendiéndolas como un paso decidido del sector por aumentar el nivel de conocimiento del consumidor sobre el producto y seguir contribuyendo a reducir el consumo abusivo de alcohol, en cumplimiento de los objetivos fijados por la Comisión Europea para la próxima reforma del reglamento de información facilitada al consumidor”.
PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
“El sector del vino debe ser tratado igual que el resto de sectores agroalimentarios, sin discriminación ni, por supuesto, exclusión alguna, teniendo en cuenta el trabajo que operadores e indicaciones geográficas vienen realizando para ser referentes en sostenibilidad y para alinearse con las políticas de información al consumidor previstas por la Comisión Europea”.
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