El campo muestra su indignación por la gestión del Gobierno de Aragón relativa a los incendios en La Litera y en la serranía de Alcubierre, en Los Monegros. Ya en el inicio del fin de semana las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, UPA, UAGA-COAG y ARAGA manifestaron su “rechazo absoluto a la orden del Gobierno de Aragón que paralizaba la recolección de cereal”. Decían que “la medida trasladaba la responsabilidad de la falta de medios públicos de extinción a los productores agrarios, comprometiendo pérdidas millonarias y la viabilidad del calendario agronómico bajo un criterio de prohibición indiscriminada”.
UAGA-COAG hacía público este martes un artículo de opinión titulado “Tres días de prohibición de cosecha no apagan los incendios”. Ahí señalaba que “la decisión del Gobierno de Aragón pasará a la historia como uno de los mayores errores de gestión de una campaña agrícola, no sólo por las enormes pérdidas económicas que provocaba, sino porque trasladaba a los agricultores la responsabilidad de un problema cuyo origen es bien distinto: la insuficiencia de medios para prevenir y extinguir incendios forestales”.
ARAGA ha remitido a Diario del Campo este miércoles un comunicado en el que exige al Gobierno de Aragón “el cese inmediato de las acusaciones infundadas contra los agricultores ante los incendios forestales”. Manifiesta su más “enérgico rechazo ante la campaña de declaraciones públicas y señalamientos injustificados que diversos miembros del Gobierno de Aragón están realizando de forma sistemática contra el sector agrario, responsabilizándolo de los recientes incendios forestales”.
UPA también se ha pronunciado este miércoles por medio de un comunicado, relativo a la gestión de la Alerta Rojo Plus. Dice que “los agricultores no pueden pagar los errores de planificación del Gobierno de Aragón”. Reclama que “las consejerías implicadas asuman responsabilidades, así como compensaciones para los agricultores afectados y la creación de una mesa técnica permanente para evitar que vuelva a repetirse una situación como la vivida”.
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La Diputación Provincial de Huesca entrega en la Federación España de Municipios y Provincias la Declaración de Boltaña
El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, y el alcalde de Boltaña, José María Giménez, han entregado esta semana a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, la Declaración de Boltaña. Es un documento que recoge las conclusiones del V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación, celebrado en marzo de 2026 en Boltaña. Sintetiza las principales demandas y líneas de actuación consensuadas durante el encuentro.
Isaac Claver realiza la siguiente reflexión al respecto: “El Congreso Nacional de Desarrollo Rural que celebramos en Boltaña fue un ejemplo para España entera, poniendo de manifiesto el trabajo que se lleva a cabo cada día por nuestra gente y las oportunidades que puede ofrecer el medio rural. Porque creemos en nuestros pueblos y creemos en nuestra gente y su futuro, es necesario adaptar la normativa a la realidad de nuestro medio rural y esta Declaración marca una hoja de ruta a seguir, subrayando la necesidad de que las reivindicaciones y propuestas surgidas desde el territorio sean escuchadas por las instituciones para impulsar cambios”.
La Declaración recoge el siguiente decálogo de medidas para afrontar el reto demográfico: “Políticas para el medio rural desde el medio rural, escuchando a las entidades locales; marco normativo específico y estable, adaptado al medio rural mediante un Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población; financiación local suficiente, justa y garantizada, con compromiso en los presupuestos generales del Estado y de las comunidades autónomas; fiscalidad propia y adaptada para favorecer la actividad económica, la inversión y generación de oportunidades; simplificar y adaptar la burocracia administrativa para una gestión más sencilla y eficaz; reconocer y reforzar el papel de las diputaciones provinciales, cabildos y consells insulares como instituciones vertebradoras y de cohesión territorial; incorporar el principio de ruralidad de forma transversal en las políticas públicas; políticas europeas que fomenten el relevo generacional, una PAC fuerte y clara, y precios justos para agricultores y ganaderos profesionales; políticas de vivienda en el medio rural para facilitar el acceso, rehabilitación y puesta en uso del parque existente a través de la colaboración entre administraciones; y reforzar un relato positivo del medio rural como activo estratégico, garantizando la igualdad, el equilibrio y la cohesión de España”.