El IV Congreso Ibérico del Maíz reunió este miércoles, 25 de febrero de 2026, en Barbastro (Huesca) a unos cuatrocientos productores. Marcó las reivindicaciones clave para el futuro del sector. Éstas pasan por “una menor burocracia y una Política Agraria Común (PAC) fuerte para garantizar la soberanía alimentaria”.
La Asociación General de Productores de Maíz de España (AGPME) y su homóloga portuguesa —ANPROMIS— valoran el congreso como “un éxito, tanto por la elevada participación como por el alto nivel de los debates técnicos y políticos, que han permitido trazar líneas claras para el futuro del sector del maíz”.
Este evento contó con la participación del diplomático Inocencio Arias y de representantes institucionales como el presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón.
Intervención de Inocencio Arias, en el enlace siguiente:
Intervención de Isaac Claver, en el enlace siguiente:
Intervención de Javier Rincón, en el enlace siguiente:
Hubo una mesa de debate sobre mercados, cuyos intervinientes coincidieron en señalar “la necesidad de dotar al sector de mayor estabilidad, previsibilidad y herramientas para competir en un contexto cada vez más complejo”.
La mesa técnica de este congreso abordó “el tema de los nuevos productos destinados a superar los retos que frenan el crecimiento del maíz, así como las trabas derivadas de la normativa fitosanitaria vigente,… que en muchos casos limitan la capacidad productiva y la competitividad de las explotaciones”.
Otra mesa de análisis puso el foco en la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034. En ella participó el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, que alertó sobre “la falta de presupuestos coherentes con la situación real de la agricultura europea”.
Advirtió, además, de que “una renacionalización de las ayudas de la PAC sería un grave error, ya que provocaría importantes desequilibrios entre países”.
Defendió que “las ayudas deben ser reales y justas para todos los profesionales del campo”, subrayando que “no se debe quitar dinero a unos para dárselo a otros, quitar de los mayores para darlo a los jóvenes, sino garantizar la viabilidad del conjunto del sector”.
Entre las conclusiones generales del IV Congreso Ibérico del Maíz, los participantes coincidieron en la necesidad de:
– “Reducir la burocracia para agilizar el trabajo diario de los agricultores”.
– “Avanzar hacia una normativa más realista y menos restrictiva desde un punto de vista medioambiental”.
– “Impulsar una política agraria que apoye de forma decidida con precios justos a quienes garantizan la soberanía alimentaria, vertebran el territorio y cuidan del medio ambiente”.
– “Reforzar el reconocimiento del papel estratégico del maíz en la alimentación, tanto humana como animal, y su importancia en territorios como Aragón y como Castilla y León en España, y también en zonas de Portugal”.
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La Diputación Provincial de Huesca aprueba en pleno el Plan de Obras y Servicios 2026, dotado con más de veinte millones y medio de euros de presupuesto
El pleno de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha aprobado este jueves, 5 de marzo de 2026, el Plan de Obras y Servicios (POS) de 2026, que cuenta con un presupuesto de más de veinte millones seiscientos mil euros. El objetivo que persigue es “atender, vía ayuntamientos, las necesidades de los vecinos, mejorando el bienestar y calidad de vida en los pueblos”.
El listado de las más de cuatrocientas actuaciones solicitadas por los municipios de la provincia —todos excepto la capital oscense— se orienta principalmente a mejoras en vías públicas, edificios municipales e instalaciones deportivas, además de actuaciones de abastecimiento, parques y saneamiento.
Las partidas con mayor dotación son “pavimentación de vías públicas”, con más de seis millones de euros; “edificios municipales”, con tres millones y medio de euros; e “instalaciones deportivas”, con casi dos millones y medio de euros.
Una de las novedades de este Plan de Obras y Servicios es la relativa al “aumento en el respaldo a los ayuntamientos más pequeños: los pueblos de menos de dos mil habitantes ven incrementada la aportación provincial en un cinco por ciento, mientras que en el caso de los doce municipios de más de dos mil habitantes el aumento es de un dos y medio por ciento”.















