El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una norma que se encontraba ya en el Senado durante la pasada legislatura, pero que decayó por la disolución de las Cortes Generales. Algunas de las reflexiones que se realizan desde el Ministerio de Agricultura al respecto son las siguientes:
– “España se dota, por primera vez, de un marco legal para prevenir el desperdicio alimentario, con un enfoque centrado en la prevención y la concienciación”.
– “Evitar el despilfarro de alimentos es un imperativo categórico que implica al conjunto de la sociedad”.
– “Las empresas de la cadena alimentaria deberán contar con un plan de prevención que permita identificar dónde se producen las pérdidas e implementar medidas para minimizarlas”.
– “Un aspecto esencial de la ley, cuando se produzca el desperdicio alimentario, es la jerarquía de prioridades; la prioridad máxima será siempre el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos, y cuando no sea posible se buscarán otros usos como, por ejemplo, mermeladas, piensos o compost”.
– “El proyecto de ley establece medidas de buenas prácticas, como el incentivo del consumo de productos considerados poco estéticos, alimentos de temporada y ecológicos”.
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La alianza Agricultores contra el Cambio Climático defiende “la importancia de elegir adecuadamente las variedades de cereal” y promueve “el uso de semilla certifica”, con el fin de atender los actuales retos que afronta la agricultura. Tal defensa se realizó en las X Jornadas del Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos de España (GENVCE), celebradas días atrás en Jerez de la Frontera (Cádiz). Esta alianza está formada por Cooperativas Agro-alimentarias de España, ASAJA, UPA y GESLIVE (sociedad filial de ANOVE). Incide en “la relevancia de usar semilla certificada, fruto de la mejora genética, ya que garantiza calidad, uniformidad y mayores rendimientos, además de favorecer una siembra más eficiente y sostenible”. Añade que, “dentro del marco normativo nacional y europeo, sólo es legal adquirir semilla certificada o reutilizar grano de la propia explotación del agricultor”.