El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una norma que se encontraba ya en el Senado durante la pasada legislatura, pero que decayó por la disolución de las Cortes Generales. Algunas de las reflexiones que se realizan desde el Ministerio de Agricultura al respecto son las siguientes:
– “España se dota, por primera vez, de un marco legal para prevenir el desperdicio alimentario, con un enfoque centrado en la prevención y la concienciación”.
– “Evitar el despilfarro de alimentos es un imperativo categórico que implica al conjunto de la sociedad”.
– “Las empresas de la cadena alimentaria deberán contar con un plan de prevención que permita identificar dónde se producen las pérdidas e implementar medidas para minimizarlas”.
– “Un aspecto esencial de la ley, cuando se produzca el desperdicio alimentario, es la jerarquía de prioridades; la prioridad máxima será siempre el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos, y cuando no sea posible se buscarán otros usos como, por ejemplo, mermeladas, piensos o compost”.
– “El proyecto de ley establece medidas de buenas prácticas, como el incentivo del consumo de productos considerados poco estéticos, alimentos de temporada y ecológicos”.
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Las comunidades de regantes piden “una política de Estado en materia de agua, que garantice la supervivencia del sector agrario”
La Federación de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) está celebrando esta semana en Ciudad Real su XVI Congreso Nacional. Pide “una política de Estado en materia de agua, que supere la visión cortoplacista y la confrontación partidista, y que garantice la supervivencia del sector agrario”. Señala que “la gestión del agua en un escenario de cambio climático es uno de los grandes desafíos estructurales, dada la realidad hídrica compleja de España”. FENACORE defiende, por ello, “impulsar un modelo basado en criterios científicos y con visión a largo plazo, así como adaptar las políticas europeas a las singularidades del territorio español”. Y añade: “El regadío debe ser abordado desde una perspectiva más estratégica, como un pilar esencial de la seguridad alimentaria, la cohesión territorial y la economía nacional”.