El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una norma que se encontraba ya en el Senado durante la pasada legislatura, pero que decayó por la disolución de las Cortes Generales. Algunas de las reflexiones que se realizan desde el Ministerio de Agricultura al respecto son las siguientes:
– “España se dota, por primera vez, de un marco legal para prevenir el desperdicio alimentario, con un enfoque centrado en la prevención y la concienciación”.
– “Evitar el despilfarro de alimentos es un imperativo categórico que implica al conjunto de la sociedad”.
– “Las empresas de la cadena alimentaria deberán contar con un plan de prevención que permita identificar dónde se producen las pérdidas e implementar medidas para minimizarlas”.
– “Un aspecto esencial de la ley, cuando se produzca el desperdicio alimentario, es la jerarquía de prioridades; la prioridad máxima será siempre el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos, y cuando no sea posible se buscarán otros usos como, por ejemplo, mermeladas, piensos o compost”.
– “El proyecto de ley establece medidas de buenas prácticas, como el incentivo del consumo de productos considerados poco estéticos, alimentos de temporada y ecológicos”.
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Algo más de treinta y tres millones de euros para subvencionar a entidades asociativas agroalimentarias supraautonómicas y potenciar sus producciones
El Boletín Oficial del Estado (BOE) de fecha 17 de abril de 2026 publicó la convocatoria de ayudas a entidades asociativas agroalimentarias supraautonómicas (también llamadas entidades asociativas prioritarias). Es un anuncio del Ministerio de Agricultura. El presupuesto total se sitúa por encima de los treinta y tres millones de euros, financiados con fondos europeos y nacionales. Los proyectos se ejecutarán durante 2026 y 2027. Las subvenciones van dirigidas a “aumentar el valor añadido de los productos agroalimentarios, fortalecer su posición en el mercado y fomentar prácticas sostenibles”. Las solicitudes pueden presentarse en un plazo de veinte días hábiles desde este lunes, 20 de abril de 2026.