ASAJA Aragón pide que “la administración pública pague a los agricultores que colaboran en la extinción de incendios y que se sufraguen los gastos derivados de su trabajo, como el combustible”. Es una de las demandas que ha realizado con motivo de la reunión mantenida por las organizaciones y cooperativas agrarias con representantes del Gobierno de Aragón. Ramón Solanilla, secretario general de ASAJA en este territorio, incide en “la importancia del papel que desempeñan los agricultores en la prevención y en la respuesta rápida ante los incendios originados durante la campaña de cosecha; ellos son parte de la solución y no el problema, por lo que no se les debe criminalizar”. Sector agrario y Gobierno de Aragón volverán a reunirse la semana próxima.
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La Diputación Provincial de Huesca entrega en la Federación España de Municipios y Provincias la Declaración de Boltaña
El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, y el alcalde de Boltaña, José María Giménez, han entregado esta semana a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, la Declaración de Boltaña. Es un documento que recoge las conclusiones del V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación, celebrado en marzo de 2026 en Boltaña. Sintetiza las principales demandas y líneas de actuación consensuadas durante el encuentro.
Isaac Claver realiza la siguiente reflexión al respecto: “El Congreso Nacional de Desarrollo Rural que celebramos en Boltaña fue un ejemplo para España entera, poniendo de manifiesto el trabajo que se lleva a cabo cada día por nuestra gente y las oportunidades que puede ofrecer el medio rural. Porque creemos en nuestros pueblos y creemos en nuestra gente y su futuro, es necesario adaptar la normativa a la realidad de nuestro medio rural y esta Declaración marca una hoja de ruta a seguir, subrayando la necesidad de que las reivindicaciones y propuestas surgidas desde el territorio sean escuchadas por las instituciones para impulsar cambios”.
La Declaración recoge el siguiente decálogo de medidas para afrontar el reto demográfico: “Políticas para el medio rural desde el medio rural, escuchando a las entidades locales; marco normativo específico y estable, adaptado al medio rural mediante un Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población; financiación local suficiente, justa y garantizada, con compromiso en los presupuestos generales del Estado y de las comunidades autónomas; fiscalidad propia y adaptada para favorecer la actividad económica, la inversión y generación de oportunidades; simplificar y adaptar la burocracia administrativa para una gestión más sencilla y eficaz; reconocer y reforzar el papel de las diputaciones provinciales, cabildos y consells insulares como instituciones vertebradoras y de cohesión territorial; incorporar el principio de ruralidad de forma transversal en las políticas públicas; políticas europeas que fomenten el relevo generacional, una PAC fuerte y clara, y precios justos para agricultores y ganaderos profesionales; políticas de vivienda en el medio rural para facilitar el acceso, rehabilitación y puesta en uso del parque existente a través de la colaboración entre administraciones; y reforzar un relato positivo del medio rural como activo estratégico, garantizando la igualdad, el equilibrio y la cohesión de España”.