ASAJA Aragón muestra su satisfacción ante la noticia relativa a que el Tribunal Supremo ha anulado la obligatoriedad de reducir el número de animales por granja en el sector porcino. La citada organización agraria señala que “se deja sin efecto la imposición del Ministerio de Agricultura al considerar que la norma carecía de un informe de impacto económico riguroso”.
Recuerda que “ya venía advirtiendo de que esta medida supondría un golpe económico gravísimo para las explotaciones familiares porcinas”. Decía lo siguiente:
– “Las nuevas densidades obligaban a reducir el número de animales por granja, sin ofrecer alternativas ni compensaciones”.
– “La adaptación exigida podía implicar sobrecostes superiores a trescientos mil euros por explotación para ampliar naves o modificar instalaciones”.
– “Se produciría una pérdida productiva de entre un siete y un dieciséis por ciento, lo que comprometería seriamente la viabilidad de muchas explotaciones familiares”.
ASAJA Aragón incide en que “ha defendido desde el inicio que no se podían imponer requisitos tan duros sin un análisis realista del impacto en el sector, especialmente en un momento de altos costes de producción, exigencias medioambientales crecientes y competencia internacional”.
Ramón Solanilla, secretario general de ASAJA Aragón, apunta que “la sentencia nos da la razón”, y se congratula de ello porque “en Aragón, donde el porcino es uno de los motores económicos del medio rural, la medida habría causado un impacto directo en empleo, actividad y fijación de población”.
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Las Cortes de Aragón se pronuncian en contra del acuerdo Unión Europea-MERCOSUR y en contra de cualquier competencia desleal al campo español
Las Cortes de Aragón han aprobado, con los votos a favor del Partido Popular (PP) y VOX, una iniciativa presentada por esta última formación política. Así, se pronuncia en contra del acuerdo Unión Europea-MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y en contra de cualquier competencia desleal al campo español.
Los puntos esenciales del texto aprobado son estos:
– “Rechazar el acuerdo comercial con MERCOSUR, en tanto en cuanto no garantice la igualdad de condiciones frente a los productores españoles”.
– “Paralizar de forma inmediata la aplicación provisional de MERCOSUR desde el 1 de mayo”.
– “Rechazar frontalmente el Pacto Verde Europeo, por las graves consecuencias que está teniendo para la economía española y en especial para el sector primario”.
– “Exigir una Política Agraria Común (PAC) que no contenga recortes presupuestarios, que no priorice los requisitos medioambientales sobre los económicos y productivos, y que no dilapide su autonomía política y presupuestaria”.
– “Favorecer una verdadera conservación del medio natural y que ésta conviva con el apoyo y el respeto a la actividad del sector primario”.
– “Exigir en las instancias europeas la recuperación y aplicación del principio de preferencia comunitaria y reciprocidad como principios jurídicos de alcance general en todos los acuerdos comerciales, con el fin de garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria”.
– “Revisar con carácter urgente las transferencias de fondos públicos españoles destinados a financiar proyectos agroalimentarios en Marruecos y en cualquier país extracomunitario que le haga competencia desleal a España, así como exigir la suspensión de los fondos destinados a financiar su sector agrícola”.
– “Revisar de forma inmediata el acuerdo agrícola Unión Europea-Marruecos, debido al enorme perjuicio económico que causa a la producción agroalimentaria española y comunitaria. También reforzar los mecanismos de control sobre las ayudas, inversiones y programas de cooperación destinados al sector agroalimentario en países terceros”.