La entrevista en The Guardian al ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la ganadería española y la polémica que se ha desatado en torno a las macrogranjas han llevado a UAGA a pronunciarse sobre el tema. Esta organización profesional agraria pide que se diferencie entre ganadería intensiva y macrogranjas. UAGA está a favor del primer modelo y en contra de éstas últimas. Destaca “el importante papel de las explotaciones de porcino y de vacuno de cebo para fijar población en el medio rural, unas explotaciones que cumplen escrupulosamente los altos estándares de calidad ambiental y de seguridad alimentaria que marca la Unión Europea”.
UAGA recuerda que en la citada entrevista “Alberto Garzón sólo nombraba el extensivo y las macrogranjas, como si no existiera la ganadería intensiva, un modelo que nada tiene que ver con lo que se puede entender por macrogranja; en los últimos años se oye hablar de proyectos con cifras descomunales, como la explotación que se quiere instalar en Noviercas (Soria)”.
Desde UAGA se advierte que “se está generando confusión y un mensaje erróneo entre la ciudadanía”, y se explica que “el manejo de los animales criados para consumo se puede realizar de forma extensiva (sin necesidad de estabulación) o de forma intensiva (dentro de una granja); en el segundo caso se encuentra la producción de cerdo, ternera, pollo y conejo”. Añade que “el porcino es un sector fuertemente regulado, en el que está fijado el número máximo de cabezas (en Aragón el tope permitido son 7.200 cerdos y 3.500 madres por granja); en el sector vacuno no está fijado el máximo”.
UAGA concluye que siempre ha defendido “el modelo social de agricultura, que incluye la ganadería intensiva ejercida por una persona o una familia que reside en un pueblo, que vive directamente de esa actividad (porcino, vacuno, avicultura o cunicultura); la puesta en marcha de una granja de porcino o de un cebadero de terneros supone una oportunidad laboral para muchos jóvenes que quieren quedarse a vivir en su pueblo pero que no disponen de suficiente superficie agrícola para subsistir como productor de cereal o como fruticultor, o porque son zonas de secano donde no hay muchas opciones de cultivo”.
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Municipios de las diez comarcas altoaragonesas han solicitado la ayuda de la Diputación Provincial de Huesca para instalar cámaras de videovigilancia
Municipios de las diez comarcas altoaragonesas se han visto interesados y han solicitado la ayuda convocada por la Diputación Provincial de Huesca para la instalación de cámaras de videovigilancia. Han sido cincuenta y uno los ayuntamientos que han concurrido al Plan de Seguridad Rural, que subvenciona “los gastos de adquisición, instalación y puesta en servicio de un sistema de videocámaras en uno o varios puntos de acceso a los municipios”.
La convocatoria estaba orientada a “financiar en zonas rurales la instalación y utilización de un sistema de grabación de imágenes en espacios públicos con la finalidad de mejorar la seguridad en pequeños municipios de la provincia, prestando asistencia para la protección de las personas ante posibles actos incívicos o delictivos”.
El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, valora el éxito de la convocatoria de este Plan de Seguridad Rural, con cincuenta y un municipios interesados: “Es un dato que nos indica que ha sido un acierto ayudar a los ayuntamientos y que la videovigilancia, como sistema de seguridad preventivo, es una necesidad real para los vecinos del medio rural”.
La Diputación Provincial de Huesca añade que “ese interés demuestra la preocupación que existe en el territorio por el aumento de robos en casas y fincas, y que este tipo de sistemas es útil para la prevención del vandalismo, así como para facilitar el esclarecimiento de delitos; además, sirve como palanca disuasoria para frenar los robos en el campo”.