UAGA pone sobre la mesa una cuestión que puede generar un problema a más de un agricultor de Aragón. Muchos titulares de explotación frutícola, que no contratan mano de obra temporal, creen estar exentos de la obligación de presentar declaración responsable sobre la pandemia de la COVID-19. Deben saber que esa declaración es de cumplimiento obligado (cuando se tiene al menos una hectárea).
La organización profesional agraria citada hace un llamamiento general a los agricultores de fruta para que cumplan con las medidas incluidas en la orden del Departamento de Sanidad del 18 de febrero, relativas a la campaña de recogida de este año.
UAGA recuerda que el objetivo de la administración aragonesa de disponer (con antelación) de la máxima información posible sobre movilidad de trabajadores agrícolas temporales.
El formulario se rellena exclusivamente de manera telemática, lo que, según UAGA, supone ya un obstáculo para muchas personas; además, añade esta organización agraria, “el documento es bastante farragoso de cumplimentar y la aplicación web no funciona correctamente (ha estado fuera de servicio desde las 15:00 horas del 12 de marzo hasta las 12:30 horas del día 15)”.
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COAG alerta: “Más de un millón de hectáreas sufren ya pérdidas por la creciente presión de la fauna salvaje”
Representantes de COAG y del Ministerio de Agricultura han mantenido una reunión para habla de fauna silvestre. Esta coordinadora de organizaciones agrarias ha mostrado su “máxima preocupación por la proliferación descontrolada de especies de fauna silvestre, especialmente conejos y jabalíes, que está causando graves pérdidas en las explotaciones agrarias de todo el país”.
COAG señala que “las pérdidas de cosecha se pueden llegar a situar entre un veinte y un treinta por ciento en fincas de cereal, si bien llegan a triplicarse en cultivos leñosos, donde conejos y roedores atacan directamente los troncos de los árboles”.
Reclama un paquete de medidas urgentes, entre las que destacan “una mayor coordinación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas en gestión de fauna silvestre y cinegética, y compensaciones a los agricultores más afectados”.