El Consejo de Ministros, a propuesta de los ministerios para la Transición Ecológica y de Agricultura, ha aprobado la actualización del real decreto sobre contaminación producida por nitratos, con el objetivo de “reducir los problemas de este tipo de contaminación en las masas de agua y alcanzar los objetivos ambientales señalados por la legislación nacional, fijados a través de los planes de cuenca, y la Unión Europea”.
La directiva europea relativa a la protección de las aguas frente a la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, aprobada inicialmente hace más de veinticinco años, impone a los Estados miembros la obligación de identificar las aguas afectadas por este tipo de contaminación, vigilando la concentración de nitratos a través de estaciones de muestreo; también establece criterios para designar como zonas vulnerables a las superficies cuyo drenaje dé lugar a la contaminación por nitratos, y para poner en funcionamiento programas de actuación coordinados con las actividades agrarias.
El Gobierno de España indica que, “a pesar de los esfuerzos realizados en estos años, los resultados obtenidos no han conseguido paliar los efectos de este tipo de contaminación; el alto contenido en nitratos de ríos y acuíferos es uno de los principales problemas existentes en las masas de agua de todo el país”. Dice que este problema “afecta en España a un 22 por ciento de las masas de agua superficial y al 23 por ciento de las masas de agua subterráneas; por ello, es preciso aumentar la ambición en la normativa y redoblar los esfuerzos para cumplir de forma eficaz con los compromisos nacionales e internacionales, de acuerdo con la experiencia adquirida en las últimas décadas”.
La actualización del real decreto “establece criterios más ambiciosos que los actuales para identificar mejor las aguas afectadas por nitratos y determina umbrales más exigentes para la declaración de aguas afectadas y, consecuentemente, para la designación de zonas vulnerables; por ello, también se estudiarán las presiones agropecuarias, urbanas y otras que puedan considerarse significativas, así como los impactos registrados sobre las aguas”.
La aplicación de la nueva norma conllevará “un incremento de hasta el cincuenta por ciento de la superficie de las zonas protegidas que se han identificado como vulnerables a este tipo de contaminación; sobre ellas se desarrollarán programas de actuación más exigentes, incluyendo limitaciones específicas sobre fertilización vinculadas a las que se regulen en la planificación hidrológica”.
La normativa también “incrementa significativamente la densidad de estaciones de control y aumenta el número y frecuencia de los muestreos en las aguas para analizar su contenido en nitrógeno y otros contaminantes asociados; así mismo, establece medidas adicionales y acciones reforzadas para revertir la contaminación existente”.
Y se asume “el compromiso de hacer pública toda esa información para que pueda ser usada por los ganaderos y agricultores para ajustar sus pautas de fertilización; de esta forma, se exige la preparación de un informe cuatrienal que analice la eficacia de las medidas que se contemplen, que se remitirá a su vez a la Comisión Europea”.
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