Los máximos responsables de las organizaciones profesionales agrarias hacen público un artículo de opinión relativo a la Ley de la Cadena Alimentaria. Piden que la cadena sea rentable para los productores agrarios. El artículo viene firmado por Pedro Barato, presidente de ASAJA; Miguel Blanco, secretario general de COAG; y Lorenzo Ramos, secretario general de UPA. Dice así:
“Con la aprobación de la Ley 12/2013, España se convirtió en un país pionero en la regulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria, contribuyendo a su mejor funcionamiento.
Esta ley supuso un cambio de paradigma, con la contratación por escrito obligatoria como baluarte, que encontró (y encuentra) muchas resistencias.
Sin embargo, está comúnmente aceptada como positiva y ha supuesto incluso un referente a la hora de extenderla al conjunto de la Unión Europea con la Directiva comunitaria de prácticas comerciales desleales.
Sin embargo, es evidente que no fue suficiente y queda mucho por andar.
La reivindicación de unos precios justos para nuestras producciones impulsó las multitudinarias movilizaciones agrarias de enero y febrero de 2020, sin precedentes desde las históricas de 1977.
Ello con un sector harto de soportar una caída acumulada de precios y rentas, una subida permanente de costes, un mercado cada vez más desregulado y volátil, y con crecientes importaciones sin la justa equivalencia y control de estándares.
La declaración del Estado de Alarma, como consecuencia de la COVID-19, provocó la desconvocatoria de esas movilizaciones, pero en ningún caso la desconvocatoria de las reivindicaciones.
Las movilizaciones lograron algunos objetivos y precipitaron un nuevo cambio de paradigma: Construir los precios desde el valor de nuestros productos. Tan sencillo como eso.
La prohibición de comprar por debajo del precio de coste o de destruir valor en la cadena son elementos absolutamente necesarios para construir una cadena de futuro, algo esencial para la seguridad alimentaria de nuestro país.
Este nuevo paradigma es perfectamente aplicable, como comprobamos desde el sector productor y como ya han reconocido distintos representantes de otros eslabones de la cadena.
Cuando hace más de siete años se aprobó la Ley también proclamaban los agoreros que no sería aplicable y, aunque con zancadillas y gradualmente, se va aplicando.
Lo que pedíamos, y pedimos, es una legislación que ayude a equilibrar los poderes de negociación de los diferentes eslabones de la cadena, a hacer más transparentes las relaciones comerciales y, en definitiva, a construir una cadena alimentaria eficiente desde el primer eslabón, generando valor y no destruyéndolo.
Ahora es el momento de consolidar estos cambios y seguir avanzando en la dirección correcta.
No podemos pretender que la Ley de Cadena vaya a solventar todos los problemas que afrontamos los productores, pero ha de servir para aliviar una parte de ellos. Hay que aprovechar la oportunidad.
Las lagunas aún existentes deben cubrirse, con voluntad política y sin suponer un importante aumento presupuestario, en el actual trámite parlamentario, que incluye la transposición de la citada Directiva.
Las organizaciones agrarias partimos de una idea fundamental: El funcionamiento del mercado de un sector tan estratégico como el agrario exige la atención de los poderes públicos y, por ello, deben establecerse normas para mejorar su funcionamiento.
Porque se trata de garantizar la soberanía alimentaria, la gestión del territorio y el cuidado del medio ambiente.
Frente a quienes dicen que no se puede ir contra el mercado, que establecer en la ley algo tan obvio como que a cada eslabón de la cadena hay que exigirle que sea generador de riqueza o que aporte valor al producto que pasa por sus manos, que hacer eso es un absurdo porque las leyes del mercado son inalterables, nosotros defendemos que ha llegado el momento de cambiar la cultura de la conformación de precios de los productos agroalimentarios.
Estamos ante una oportunidad real para que la construcción del precio de un producto se haga desde la producción, de tal forma que remunere de manera justa el trabajo, la inversión y el riesgo que los agricultores y ganaderos aportamos en la generación de ese producto.
A partir de ese precio, cada eslabón deberá incorporar el equivalente al valor que agrega al producto hasta llegar al consumidor.
Seguimos insistiendo en la necesidad de prohibir la venta a pérdidas en el último eslabón, una práctica que supone siempre una pérdida de valor para el conjunto de la cadena, y dada la posición de dominio de la distribución acaba repercutiendo esta pérdida, por activa o por pasiva, sobre otros eslabones hasta llegar al más débil, el productor.
También es necesario crear un registro electrónico de contratos, no para generar más burocracia, sino para facilitar control administrativo por parte de la AICA, agencia que, por otro lado, debe ser reforzada en dotación económica y personal, para que pueda optimizar su excelente labor de autoridad de control y coordinación con las comunidades autónomas y con la Unión Europea.
Demandamos la inclusión del canal HORECA y de las Organizaciones de Productores en el ámbito regulatorio de la ley, manteniendo las excepciones vigentes para las empresas cooperativas o SAT, correctamente consideradas en la actual redacción de la ley, dado su carácter social y específico.
Además, se ha de clarificar y reforzar la figura del mediador, apenas mencionado actualmente en una disposición final.
Deben ampliarse las funciones del Observatorio de la Cadena y establecer un clausulado firme que permita la elaboración de índices de precios y costes que sirvan de referencia objetiva y pública, para la fijación de precios en los contratos de compraventa.
Finalmente, y entre otras cuestiones, es necesario que los productos importados de países terceros se incluyan en la aplicación de todo el cuerpo de la ley, para que se vean afectados por la obligatoriedad de la formalización de contratos por escrito, y no sólo en lo que respecta a prohibiciones y sanciones.
Somos un sector pionero e innovador, que sostiene una cadena exportadora y de gran importancia económica. Sigamos siendo pioneros. Hagamos que la cadena sea rentable también para los productores”.
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Editorial de UPA: “Se nos acaba el tiempo”
UPA firma un nuevo artículo, que lleva por título “Se nos acaba el tiempo”. Aparece publicado en el número 293 de la revista “La tierra de la agricultura y la ganadería”, de la que la propia UPA es la editora. Dice así:
“Por supuesto que siempre ha habido sequías, incluso prolongadas durante varios años, calificadas siempre como históricas desde que hay registros. Por supuesto que los agricultores y ganaderos españoles estamos más que habituados, probablemente como ningunos en Europa, a sufrir la dureza extrema de los fenómenos climáticos de todo tipo. Por algo, con todas sus carencias y defectos, tenemos el mejor sistema de seguros agrarios de la Unión Europea.
Pero hace tiempo, mucho tiempo, que los problemas puntuales con las alarmas climáticas, como la grave sequía de este año, no hacen sino advertirnos de que nos enfrentamos a una situación inédita. Se observa un cambio en el comportamiento del clima provocado por nosotros, los seres humanos, con un desarrollo de actividades de doble cara: por una, nos ha ayudado a progresar y mejorar; y, por otra, ha generado agresiones terribles a la sostenibilidad medioambiental.
En definitiva, que la sequía que estamos sufriendo en España es histórica, sin duda, y que supone un enorme perjuicio a todos los sectores agrícolas y ganaderos; y por extensión al conjunto de la sociedad, porque a veces se olvida que de nuestros cultivos y nuestro ganado depende la alimentación sostenible y a precios justos de toda la población, en España, y en buena parte de Europa y el resto del mundo, que por algo somos una potencia exportadora de alimentos.
También es de valorar y agradecer la rapidez con la que se ha gestionado desde el Gobierno la puesta en marcha de ayudas directas, con prioridad para la agricultura familiar, presionando a su vez a las comunidades autónomas para que actúen en consecuencia.
Todo esto está muy bien. El problema es que estamos hablando de algo mucho más grave, que amenaza nuestro futuro y es necesario actuar ¡ya! con el horizonte en el futuro, en las nuevas sequías por venir, las olas de calor, las lluvias torrenciales que destrozan todo a su paso. En resumen, se ha acabado el tiempo de hablar del cambio climático para actuar sobre el terreno en la adecuación y mitigación, como venimos defendiendo en UPA con nuestros programas sobre la materia.
Hay que actuar sobre los planes hidrológicos, las inversiones en mejora de los actuales y puesta en marcha de nuevos sistemas de regadío más eficientes. Hay que aprovechar todas las oportunidades que ofrecen los progresos tecnológicos, que son muchos y vendrán más, para sacar el máximo rendimiento a cada gota de agua. Hay que acabar con la especulación y los usos indebidos, y aplicar criterios sociales y solidarios entre territorios para que nadie se quede fuera del acceso al agua imprescindible para producir alimentos.
Y todos, desde dentro del sector, las instituciones y lo que antes se denominaba opinión pública, debemos trabajar para evitar que se consoliden falsas verdades en torno al derroche de agua en el campo, al supuesto despilfarro de los regadíos o a la inconveniencia de producir alimentos para la ganadería.
Sólo desde una visión responsable y realista seremos capaces, en definitiva, de dejar de hablar de sequía en cuanto caen cuatro gotas y la ilusión óptica del asfalto mojado durante un rato hace creer que en el campo somos muy exagerados. Estamos ante una tremenda encrucijada, que sí que es histórica, y de nuestra capacidad de respuesta sostenida en el tiempo depende, sin duda, el camino a recorrer en el futuro”.