El Congreso de los Diputados procederá este jueves, 2 de diciembre, a la aprobación definitiva de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha reunido este lunes, 29 de noviembre, con el conjunto de la cadena (agricultores y ganaderos, industria y distribución). Ha apelado al cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria porque “está llamada a ser el instrumento fundamental para hacer frente a las actuales dificultades que atraviesan aquellos sectores agrarios más vinculados al encarecimiento de determinados insumos como los fertilizantes y los piensos”.
El ministro habla de “situación excepcional por el encarecimiento de insumos, especialmente las materias primas para la alimentación animal, los fertilizantes y la energía, en los mercados internacionales; esta situación excepcional afecta más a algunas producciones, como el vacuno de leche, cuyos márgenes se han visto seriamente comprometidos”.
Luis Planas ha hecho un llamamiento a todos los agentes de la cadena para el cumplimiento de la Ley, de forma que “agricultores y ganaderos puedan trasladar en los contratos el incremento de los costes de producción al resto de escalones de la cadena; tenemos que ser capaces de dar respuesta en el ámbito de la Ley”. Ha mostrado su disposición a colaborar con los sectores para facilitar ese cumplimiento de la Ley, a través del Observatorio de la Cadena y a través de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA).
Añade que “la Ley supone un avance en la transparencia sobre la formación de precios y el reparto de valor en la cadena alimentaria”. En una primera fase, en febrero de 2020, se aprobó un decreto que introdujo en la Ley la obligatoriedad de que en cada operación de venta dentro de la cadena se repercutieran los costes de producción. Ahora, con la segunda fase de la reforma, que culminará con la aprobación en el Congreso de los Diputados el día 2 de diciembre, se da un nuevo avance al introducir la prohibición de la venta a pérdidas, y establecer prácticas comerciales desleales.
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Todo el consorcio del proyecto europeo CO2-FrAMed, que lleva por título “Agricultura libre de CO2 para la región mediterránea” y del que forma parte Riegos del Alto Aragón, ha visitado las instalaciones fotovoltaicas construidas en la provincia de Huesca y que ya están en funcionamiento. Pertenecen a cinco comunidades de regantes. FENACORE señala que “este proyecto cumple con el doble objetivo de dar estabilidad al regante a la hora de afrontar su coste energético y de reducir la huella de carbono, consumiendo la energía que producen las placas fotovoltaicas del propio agricultor”. Añade que “CO2-FrAMed demuestra cómo el apoyo de fondos europeos para tecnologías innovadoras puede traducirse en reducción de emisiones, estabilidad de costes y una transición energética real para el regadío”.