El debate está servido. Ya se había producido con anterioridad, pero ahora se intensifica tras la presentación, días atrás, de las Estrategias “De la granja a la mesa” y Biodiversidad 2030. Europa obliga al agro a una vuelta de tuerca en términos de sostenibilidad, y los agricultores y ganaderos preguntan cómo se va a poder ser rentable.
Las dos citadas estrategias se encuadran en el Pacto Verde Europeo. La Unión Europea quiere que se produzcan alimentos con menos fertilizantes y pesticidas; además, se apuesta por la agricultura local o de proximidad, para evitar las emisiones del transporte.
UPA ha celebrado una mesa redonda on line para abordar esta cuestión. José Manuel Roche, responsable de relaciones internacionales de UPA y secretario general de UPA Aragón, ha mostrado el sentir del campo español y aragonés.
Dice: “La población no para de crecer en el mundo y cada vez necesitamos producir más para alimentarla. ¿Cómo vamos a hacerlo si plantean reducir las herramientas de las que disponemos para producir?”.
La eurodiputada Clara Aguilera ha mostrado su preocupación en referencia a la apuesta por un consumo de proximidad. Pregunta al respecto: “¿Cómo vamos a llevar frutas y hortalizas hasta Alemania?”. Y añade: “La apuesta por el consumo de proximidad podría convertirse en una desventaja comercial para determinadas zonas periféricas, como España”.
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La Diputación de Huesca (DPH) ha aprobado inicialmente el Plan Provincial de Concertación Económica Municipal para 2026. Está dotado con tres millones de euros y va dirigido a los ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes. La citada institución lo presenta como “colaboración con los ayuntamientos para que puedan conservar sus instalaciones, prestar adecuadamente los servicios municipales y disponer de personal para atender las necesidades cotidianas de sus vecinos”. Señala que “podrán incluirse los gastos correspondientes a programas informáticos de contabilidad, inventario o padrón municipal, así como la utilización de aplicaciones destinadas a la implantación y mejora de la administración electrónica”. Añade que “quedan excluidos los suministros energéticos y el alumbrado público, que disponen de su propio Plan Provincial de Concertación Económica Municipal”.