Las asociaciones que integran a la cadena de valor agroalimentaria y del gran consumo (AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS, Cooperativas Agro-alimentarias y FIAB) y que aglutinan a los productores, industria y distribución piden que “se garantice la seguridad y el derecho a trabajar de los transportistas que no quieren sumarse al paro, y que quienes lo secundan no coaccionen al resto de los sectores de la cadena ni impidan la libre circulación de mercancías”. Hacen un llamamiento al Gobierno de España para “una intervención urgente en un conflicto que se ha convertido en un problema de Estado, con un impacto sobre la economía y los ciudadanos que no admite demora”.
Las entidades citadas dicen que “el paro está teniendo ya un gran impacto en toda la cadena alimentaria, provocando graves daños económicos, la paralización y el cierre de fábricas, y poniendo en peligro más de cien mil puestos de trabajo; numerosas empresas y cooperativas han tenido que interrumpir sus procesos de fabricación y se han visto obligadas a cerrar temporalmente sus plantas ante la falta de suministro, como Calvo, Azucarera, Cuétara, Dcoop, JaenCoop, Agrosevilla o fábricas de pienso, y otras como Danone, Estrella de Galicia o Heineken-Cruzcampo han anunciado que deberán hacerlo próximamente”.
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Aragón destina ochocientos mil euros a ayudas para la mejora de multiservicios y la instalación de videovigilancia en el medio rural
El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica este viernes, 17 de abril de 2026, sendas convocatorias de ayudas para “el mantenimiento, mejora, equipamiento y modernización de establecimientos de multiservicio rural” y para “la adquisición e instalación de sistemas de videovigilancia en puntos de acceso a municipios o núcleos habitados, con vistas a mejorar la seguridad de los mismos”. El Gobierno de Aragón destina cuatrocientos mil euros a cada una de las dos convocatorias. Las subvenciones pueden alcanzar “hasta dieciocho mil euros para entidades locales que sean titulares de multiservicios creados desde el 1 de enero de 2025, y hasta diez mil en el caso de que estos sean anteriores a esa fecha”. Para la videovigilancia, las subvenciones pueden ir “desde mil quinientos hasta diez mil euros”.