El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha presentado al Consejo de Ministros el informe sobre el estado de situación de la Política Agraria Común (PAC), cuyas nuevas reglas se aplicarán en España a partir del 1 de enero de 2023, tras el acuerdo alcanzado a nivel comunitario en Luxemburgo el 28 de junio y tras la Conferencia Sectorial de Agricultura del 14 de julio.
Éstas son algunas de las reflexiones del Ministerio de Agricultura:
“Esta PAC será más justa, más social y más sostenible; una política agraria con un fuerte componente medioambiental, puesto que más del 40 por ciento de su presupuesto se destinará a medidas encaminadas a la lucha contra el cambio climático y a la protección del medio ambiente.
No obstante, tiene en cuenta la necesaria rentabilidad de las explotaciones, cuya actividad es esencial para preservar el tejido económico del medio rural, y lograr mantener la población y el talento joven en los pueblos.
Incorpora medidas para afianzar la incorporación de la mujer a la actividad agraria; España ha logrado incorporar por primera vez la perspectiva de género como uno de los objetivos específicos de la PAC.
Supondrá un marco regulatorio estable para un sector estratégico del Gobierno, como lo es el agroalimentario, que en 20 años ha triplicado sus exportaciones y que ya supone algo más de una quinta parte del total, con 54.000 millones de euros en 2020.
Además, es un sector clave para asegurar el mantenimiento de la población en el medio rural, contribuyendo positivamente al reto demográfico, con una actividad en la que la innovación y el uso de nuevas tecnologías marcarán su futuro más inmediato.
Contará con medidas para apoyar la mejora de la rentabilidad del sector y potenciar su competitividad, a través del impulso al relevo generacional, la igualdad de género, la innovación y la digitalización, para asegurar la adaptación de la agricultura y ganadería española a las nuevas demandas sociales.
Los países van a definir cómo aplicar la PAC en sus territorios para adaptarla a su diversidad agronómica, que en España es muy amplia, desde producciones continentales de la cornisa cantábrica hasta los cultivos subtropicales de Andalucía o Canarias.
España presentará, antes del 30 de diciembre de 2021, su plan estratégico a la Comisión Europea, en el que la dimensión social será una de las principales novedades. Para el pago de las ayudas se tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas y condiciones laborales.
Además, habrá un techo máximo de ayudas (capping), fijado en 100.000 euros por beneficiario; una reducción progresiva (degresividad) a partir de los 60.000 euros, con la posibilidad de tener en cuenta los costes salariales a la hora de aplicar estas reducciones; y un pago redistributivo que beneficiará a las primeras hectáreas.
En el Consejo Europeo de julio de 2020, en el acuerdo alcanzado por los jefes de Estado y de Gobierno en la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, España logró un presupuesto de 47.724 millones de euros para el periodo 2021-2027”.
Otras noticias
Luis Lascorz, agricultor y ganadero de Aínsa, ha sido reconocido por el Ministerio de Agricultura en el marco del Programa CULTIVA
Madrid ha acogido el Primer Encuentro Nacional del Programa CULTIVA. Como participante de este proyecto, Luis Lascorz, agricultor y ganadero de Aínsa (Huesca), ha sido reconocido por el Ministerio de Agricultura. Se trata de un ganadero de vacuno —raza pirenaica—, productor de manzana ecológica y socio de ASAJA Huesca.
Luis Lascorz afirma que “hay que apoyar más a los ganaderos de montaña para que sus explotaciones sean rentables; de lo contrario, el relevo generacional va a ser muy complicado”.
Ramón Solanilla, secretario general de ASAJA Aragón, reivindica “la necesidad de ser conscientes de la importancia de las empresas familiares agrarias de extensivo, que son garantes del mantenimiento del paisaje, del futuro de los pueblos y de la alimentación de calidad”.