El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha presentado al Consejo de Ministros el informe sobre el estado de situación de la Política Agraria Común (PAC), cuyas nuevas reglas se aplicarán en España a partir del 1 de enero de 2023, tras el acuerdo alcanzado a nivel comunitario en Luxemburgo el 28 de junio y tras la Conferencia Sectorial de Agricultura del 14 de julio.
Éstas son algunas de las reflexiones del Ministerio de Agricultura:
“Esta PAC será más justa, más social y más sostenible; una política agraria con un fuerte componente medioambiental, puesto que más del 40 por ciento de su presupuesto se destinará a medidas encaminadas a la lucha contra el cambio climático y a la protección del medio ambiente.
No obstante, tiene en cuenta la necesaria rentabilidad de las explotaciones, cuya actividad es esencial para preservar el tejido económico del medio rural, y lograr mantener la población y el talento joven en los pueblos.
Incorpora medidas para afianzar la incorporación de la mujer a la actividad agraria; España ha logrado incorporar por primera vez la perspectiva de género como uno de los objetivos específicos de la PAC.
Supondrá un marco regulatorio estable para un sector estratégico del Gobierno, como lo es el agroalimentario, que en 20 años ha triplicado sus exportaciones y que ya supone algo más de una quinta parte del total, con 54.000 millones de euros en 2020.
Además, es un sector clave para asegurar el mantenimiento de la población en el medio rural, contribuyendo positivamente al reto demográfico, con una actividad en la que la innovación y el uso de nuevas tecnologías marcarán su futuro más inmediato.
Contará con medidas para apoyar la mejora de la rentabilidad del sector y potenciar su competitividad, a través del impulso al relevo generacional, la igualdad de género, la innovación y la digitalización, para asegurar la adaptación de la agricultura y ganadería española a las nuevas demandas sociales.
Los países van a definir cómo aplicar la PAC en sus territorios para adaptarla a su diversidad agronómica, que en España es muy amplia, desde producciones continentales de la cornisa cantábrica hasta los cultivos subtropicales de Andalucía o Canarias.
España presentará, antes del 30 de diciembre de 2021, su plan estratégico a la Comisión Europea, en el que la dimensión social será una de las principales novedades. Para el pago de las ayudas se tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas y condiciones laborales.
Además, habrá un techo máximo de ayudas (capping), fijado en 100.000 euros por beneficiario; una reducción progresiva (degresividad) a partir de los 60.000 euros, con la posibilidad de tener en cuenta los costes salariales a la hora de aplicar estas reducciones; y un pago redistributivo que beneficiará a las primeras hectáreas.
En el Consejo Europeo de julio de 2020, en el acuerdo alcanzado por los jefes de Estado y de Gobierno en la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, España logró un presupuesto de 47.724 millones de euros para el periodo 2021-2027”.
Otras noticias
Aragón presenta el informe “Análisis de la ganadería extensiva”
Los consejeros de Agricultura y Presidencia del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona y Mayte Pérez, se han desplazado a una explotación de ganado vacuno de raza pirenaica situada en Cedrillas (Teruel). Allí han dado datos incluidos en el informe “Análisis de la ganadería extensiva de Aragón”.
Los más destacables son los siguientes:
“El estudio determina que, de las 3.935 explotaciones de ganadería extensiva existentes en Aragón, el setenta por ciento se sitúan en zonas de montaña, fundamentalmente en las comarcas del Sobrarbe, Ribagorza y Jacetania. Estas explotaciones se caracterizan por tener un carácter netamente familiar, acreditando sus titulares una elevada profesionalidad (más del noventa por ciento de los ingresos de estas familias procede del sector agrario).
El informe pone de manifiesto que la renta de los ganaderos (diferencia entre ingresos y gastos) se sitúa en algo más de catorce mil euros al año. Y eso contando con que las ayudas medias que ya reciben este tipo de explotaciones alcanza en Aragón los treinta y dos mil euros al año. Más de la mitad de las ayudas públicas que reciben van directamente a cubrir los costes que no quedan resarcidos por la actividad ganadera. Esta diferencia se agrava todavía más en el caso de las explotaciones de ganadería extensiva situadas en zonas de montaña, donde, aun recibiendo una ayuda superior que alcanza los treinta y cinco mil euros al año, su renta final apenas supera los doce mil euros al año en determinados casos.
En cuanto a la edad de los ganaderos extensivos, sólo el diecinueve por ciento son menores de cuarenta años. Sin embargo, casi el setenta y tres por ciento de las explotaciones de titulares menores de cuarenta años se ubican en zonas de montaña.
Respecto a la evolución de censos, considerando la serie histórica (2013-2021), se constata un incremento en el caso de vacas nodrizas (diecisiete por ciento en la zona pirenaica, y sesenta y cinco por ciento en el resto de zonas de montaña). Sin embargo, en el caso de la ganadería de ovino, estas cifras son negativas, con una reducción del cinco por ciento en la zona pirenaica y del nueve por ciento en el resto de zonas de montaña”.