El Ministerio de Agricultura ha querido recordar en las últimas horas el calendario que hay por delante respecto a la nueva Política Agraria Común (PAC), que comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2023 (ahora estamos en un periodo de transición de dos años). Está previsto que a finales de abril de 2021 queden decididos los parámetros europeos sobre esa nueva PAC.
El Gobierno de España dice que será entonces cuando Ministerio de Agricultura y comunidades autónomas podrán reunirse (quizás en la segunda quincena de mayo) para acabar de definir la aplicación de la nueva PAC en este país.
El Ministerio aclara que en estos momentos están en debate y pendientes de decisión cuestiones como la ayuda básica a la renta, definir quién debe percibirla, regiones de pago, periodos sobre los cuales debe extenderse la convergencia, ecoesquemas,…
Añade que la voluntad del Gobierno de España es lograr un acuerdo nacional lo más amplio posible para que los 47.724 millones de euros que le corresponden a este país sean el mejor instrumento de apoyo a agricultores, ganaderos y medio rural.
El Ministerio de Agricultura concluye incidiendo en que las decisiones de aplicación de la nueva PAC serán adoptadas en Conferencia Sectorial, compuesta por el Gobierno de España y las comunidades autónomas.
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ASAJA Huesca ha participado, de la mano de su vicepresidente, José María Orús, en la reunión sobre peste porcina africana que se ha celebrado en Barcelona, convocada por el Ministerio de Agricultura y el Gobierno de Cataluña. Ahí ha manifestado “la necesidad de reducir de manera urgente la población de jabalíes, principal vector de transmisión de la citada enfermedad”. Considera que “la proliferación descontrolada de fauna silvestre, especialmente jabalíes, supone un grave riesgo sanitario para el sector porcino”. ASAJA, tanto en Huesca como en el ámbito nacional, indica que “hace falta una mayor voluntad política, más medios y, sobre todo, una gobernanza interinstitucional ágil, contundente y decidida para hacer frente a situaciones complejas que afectan a distintas administraciones y que ponen en riesgo a uno de los sectores estratégicos de la economía agroalimentaria”.