Caja Rural de Aragón celebraba asamblea general la semana pasada. Lo hacía de forma telemática. Aprobaba por unanimidad las cuentas anuales presentadas por el consejo rector, así como la gestión social realizada durante 2020. Caja Rural de Aragón obtuvo un beneficio de 3,2 millones de euros después de impuestos.
La solvencia de esta caja de crédito cooperativo creció hasta el 16,7 por ciento. Esta entidad concedió más de 13.100 operaciones de préstamo y crédito, con un volumen superior a los 800 millones de euros.
Los depósitos de la clientela ascendieron a más de 3.800 millones de euros al final del ejercicio, con un crecimiento del 7,5 por ciento respecto al año anterior.
Luis Olivera, presidente de Caja Rural de Aragón, subraya “la rentabilidad social que aportamos al territorio (con cerca del 65 por ciento de la red de oficinas en localidades de menos de 2.000 habitantes) y cómo con nuestra financiación colaboramos a la vertebración de nuestras comarcas”.
Caja Rural de Aragón contaba al finalizar el ejercicio 2020 con más de 116.000 socios y prácticamente 260.000 clientes en Aragón, La Rioja y la provincia de Lérida, gestionados por un equipo de más de 700 personas desde 221 oficinas.
Más de 40.000 personas participaron o se beneficiaron de las acciones impulsadas desde la Fundación Caja Rural de Aragón.
Otras noticias
Aragón destina trece millones de euros en préstamos preferentes para el establecimiento de jóvenes y la modernización de explotaciones
El Gobierno de Aragón va a destinar trece millones de euros de gasto público para “acompañar a las subvenciones al establecimiento de jóvenes en el sector agrario y permitir la modernización y mejora de las explotaciones agrarias”. Lo hará a través de una nueva herramienta —Instrumento Financiero de Gestión Centralizada de Garantía de Cartera (IFGC-G)— que busca “dar respuesta a una de las principales necesidades del sector, que es la dificultad de acceso al crédito para la financiación de inversiones agrarias”. El Gobierno de Aragón señala que “esta fórmula ya se ha utilizado en otras comunidades autónomas, como Castilla y León, Galicia y Extremadura, lo que ha supuesto la realización de más de mil doscientos préstamos por un montante global de ciento noventa y cuatro millones de euros”.