Diario del Campo

Fundado en 2012 por Alberto Cebrián

martes, 28 de junio de 2022

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martes, 28 de junio de 2022

Los investigadores Juan Antonio Rodríguez y Jorge García, de la Universidad de Córdoba, han estado trabajando en el desarrollo de una tecnología de bajo coste que, aplicada al riego que cuenta con un exceso de presión, permite reducir el coste energético y la huella de carbono. Han conseguido ahorros de 2.400 euros y 9 toneladas de CO2 anuales.

Recuerdan que “las técnicas de regadío tradicionales se fueron reemplazando por técnicas de riego a presión, mejorando la eficiencia del agua pero aumentando la dependencia de la energía”.

Juan Antonio Rodríguez y Jorge García han probado en campo una tecnología de bajo coste que aprovecha el exceso de presión de la red para generar energía.

Esta tecnología permitió, en la finca en la que se instaló, eliminar el generador diésel que se usaba para alimentar equipos de filtrados, bombas inyectoras de fertilizantes y otros dispositivos necesarios para la campaña de riego, haciendo funcionar a la red de manera autosuficiente y con energía limpia.

Indican que “estos resultados se consiguen con la instalación de bombas hidráulicas que funcionan como turbinas, conocidas como PAT por sus siglas en inglés (Pump as Turbine)”.

Explican que “el agua mueve el rodete y genera electricidad, a modo de pequeña central hidroeléctrica (pero más barata que las turbinas tradicionales para pequeñas potencias, ya que la producción de bombas hidráulicas es mucho mayor, lo que repercute en su precio)”.

Los citados investigadores concluyen que “los agricultores de zonas aisladas de la red eléctrica y que tienen excesos de presión pueden generar su propia electricidad, y reducir la dependencia energética de sus sistemas de riego o incluso convertir sus instalaciones en autosuficientes energéticamente”.

2 de marzo de 2021

Otras noticias

España espera que su plan estratégico de aplicación de la nueva PAC esté aprobado de manera definitiva en septiembre

El secretario general de Agricultura y Alimentación (del Ministerio), Fernando Miranda, se ha reunido con representantes de las comunidades autónomas, Cooperativas Agro-alimentarias y organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA) para informarles sobre los últimos ajustes introducidos por el Gobierno de España, tras las bilaterales con la Comisión Europea, en el plan estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027. Esos ajustes pretenden dar respuesta a las observaciones remitidas por la Comisión el 30 de marzo. La intención de España es que el plan estratégico esté finalizado y enviado a la Comisión Europea a partir de la segunda quincena de julio, para que pueda ser revisado y aprobado de manera definitiva en septiembre. Las principales modificaciones introducidas son las siguientes:

– “Ya que la Comisión Europea no ha considerado la inclusión del girasol y la colza en el plan proteico, la propuesta española es destinar los cuarenta y cinco millones previstos para estos cultivos a incrementar la ayuda básica a la renta de las regiones donde se producen”.

– “Las ayudas asociadas al olivar con dificultades específicas van a contar con un presupuesto de casi 27,6 millones de euros, para una superficie potencial de 856.412 hectáreas”.

– “Respecto a la propuesta española para verificar si las comunidades de bienes y otras entidades en régimen de atribución de rentas pueden ser consideradas como agricultor activo, si un comunero está dado de alta en la seguridad social agraria o cumple el criterio de que el veinticinco por ciento de sus ingresos individuales procedan de la agricultura, la comunidad de bienes será un agricultor activo”.

28 de junio de 2022 |
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