Las bodegas y las denominaciones de origen de vino de nuestro país trabajan en un doble escenario para conseguir más fondos económicos para este sector. Por una parte, libran una batalla en el Parlamento Europeo y, por otra, presentan alegaciones al Gobierno de España para que el apoyo al sector sea mayor.
La Federación Española del Vino (FEV) y la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) han centrado sobre todo su actividad en el ámbito europeo.
Han conseguido que la Comisión de Agricultura del Parlamento “objete” las intenciones de la Comisión Europea, en el sentido de que haya “una dotación de fondos extraordinarios, se flexibilice la medida de la cosecha en verde, y se active la medida de promoción en el mercado interior (que se ha visto especialmente dañado por la crisis sanitaria del coronavirus)”.
Bodegas y denominaciones de origen esperan que todo se haya solventado para la próxima reunión de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, que está prevista para este inicio de junio.
Conviene recordar que la crisis de la COVID-19 (con el cierre de la hostelería y la incertidumbre en torno al turismo) ha provocado un retroceso significativo en las ventas de vino en España y en los restantes países de la Unión Europea.
Otras noticias
Agricultores, cooperativas e industrias agroalimentarias piden frenar el aumento de importaciones de maíz dulce procedente de China
La Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón (ALINAR), Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) y Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN) alertan sobre “la tendencia creciente que desde el año 2019 han registrado las importaciones de maíz dulce en España; un aumento que ha sido muy significativo en los dos últimos años, y de manera más relevante del procedente de China”.
Las tres entidades citadas destacan “la enorme preocupación sobre el impacto que estas crecientes importaciones están teniendo sobre los cultivos de maíz dulce en los regadíos de Navarra y alertan sobre su posible desaparición, ante una competencia que consideran desleal por parte de terceros países, ajenos al cumplimiento de todas las normativas sanitarias, medioambientales o de calidad, entre otras, que sí son exigidas a las personas agricultoras en la Unión Europea”.