El arancel general del veinte por ciento a los productos de la Unión Europea, anunciado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha provocado un aluvión de comunicados enviados por entidades económicas y agroalimentarias, sobre todo vinculadas con el sector del vino.
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) pide a las autoridades españolas y europeas que respondan con “unidad, firmeza y proporcionalidad, evitando contramedidas que puedan generar una espiral de represalias sobre productos determinados”. Señala que “Estados Unidos es el primer mercado de destino de los productos españoles fuera de la Unión Europea”.
Las cámaras de comercio apuntan que “los aranceles podrían reducir en un catorce por ciento las exportaciones de España a Estados Unidos”.
La interprofesional del vino recuerda que “España es el cuarto proveedor de este producto a Estados Unidos, con ventas superiores a los trescientos sesenta millones de euros en 2024”.
Las denominaciones de origen vinícolas europeas y españolas consideran que “los aranceles son un importante revés para el sector vitivinícola, al ponerse en riesgo uno de sus principales mercados de exportación en términos de valor y de volumen”.
En todos esos datos y reflexiones incide la Federación Española del Vino, que engloba a las bodegas de este país.
También se ha pronunciado el Gobierno de Aragón. Su vicepresidenta, Mar Vaquero, ha reclamado en el Comité Europeo de las Regiones “unión, certidumbre y una estrategia global para afrontar el impacto negativo de los aranceles en el sector agroalimentario y vitivinícola”.
Las exportaciones aragonesas de vino a Estados Unidos se situaron en 2024 por encima de los once millones de euros.
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ASAJA Aragón muestra su indignación por la decisión del Gobierno de España de excluir a las provincias de Zaragoza y Teruel de las ayudas a los productores de frutos de cáscara afectados por la sequía. Son veinte millones de euros procedentes de la reserva agrícola de la Unión Europea. Se van a beneficiar de este montante los agricultores de Almería, Alicante, Castellón, Murcia, Valencia y Tarragona.
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