El Gobierno de España ha aprobado la adaptación de los plazos de plantación de viñedo a la situación derivada de la pandemia de la COVID-19. Esta medida pretende ayudar a los viticultores a la hora de cumplir con los plazos establecidos en la normativa de autorizaciones de plantaciones de viñedo.
Se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2021 la vigencia de las autorizaciones de nueva plantación y de replantación, que caducaban en 2020, y se da la posibilidad a sus titulares de renunciar a las mismas sin ser penalizados.
Se amplía el plazo para presentar solicitudes de conversión de derechos de replantación hasta el 31 de diciembre de 2022, se prolonga la vigencia de las autorizaciones de conversión hasta el 31 de diciembre de 2025, y se amplía la vigencia de los derechos de replantación que caduquen en esta campaña y siguientes hasta el 31 de diciembre de 2025.
El Ministerio de Agricultura recuerda que las autorizaciones de viñedo constituyen la herramienta legal para el crecimiento controlado de la superficie de producción de uva de vinificación en todo el territorio de la Unión Europea.
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Las organizaciones y cooperativas agrarias denuncian la desprotección que generan las nuevas condiciones del seguro agrario
Las organizaciones profesionales agrarias (ARAGA, ASAJA, UAGA-COAG y UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón denuncian “la situación de desasistencia que se genera con las condiciones de contratación presentadas recientemente por Agroseguro; los cambios introducidos hacen que muchos profesionales del campo se encuentren ante una coyuntura complicada”.
Las organizaciones y cooperativas agrarias subrayan que, “si la situación ya era precaria, los requisitos establecidos para 2025 dificultan aún más la contratación, ocasionando que muchos agricultores, especialmente los fruticultores, deban endeudarse más para poder acceder a esta protección”.
Indican que “el aumento de los costes de las primas y la disminución de las ayudas convierten a los seguros agrarios en algo inaccesible”. Dicen: “Por un lado, la entidad estatal ENESA ha mermado el porcentaje auxiliado y, por otro, el Gobierno de Aragón todavía no ha firmado el convenio de colaboración con Agroseguro, dejando parte de la asistencia en el aire a escasos días del cierre de la contratación de la línea de frutales”.